A más de un mes de comenzada la toma de tierra en el Barrio Lourdes por diferentes familias olavarrienses aquejados por la crisis habitacional, varios funcionarios provinciales y municipales se hicieron presentes en el lugar durante el mediodía de este viernes para intentar llegar a un acuerdo dos días antes del desalojo, fijado para este lunes.
Entre otros funcionarios del gobierno provincial y municipal que se hicieron presente en el lugar se contó al Agente fiscal Miguel Piñeyro, titular de la UFI Nº 10 de Olavarría, junto con Ayudante Fiscal José Iturralde Elotegui, la Secretaria de la Defesoria General Departamentel Carolina Villanueva , el Secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Alejandra Rusconi y el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la Municipalidad de Olavarría Diego Robbiani, quienes realizaron un relevó entre las familias apostadas en el predio e intentaron arribar a un acuerdo con las mimas.
“El único acuerdo al que se llegó es a de desalojar pacíficamente para que ellos retiren la denuncia penal que hicieron. Nosotros firmamos un acuerdo por eso, por lo que el lunes va a ser el desalojo, pero nos vamos a ir al frente, decidimos que de acá no se mueve nadie hasta que no nos den algo una solución”, manifestó una de las personas involucradas en el reclamo.
“El fiscal nos dijo que el mismo va a venir a dar la cara para que nosotros salgamos pacíficamente y no tenga que intervenir la policía ni nada, así que acordamos salir pacíficamente, pero al frente”, agregó otro de los vecinos que está llevando a cabo la toma de tierras, quien agregó que nadie pide “nada regalado”, sino que, por el contrario, “estamos pidiendo que nos den un plan de pago y un plan de trabajo para poder tener nuestro lugar y una vivienda digna”.
Según se expresa en el documento firmado durante la reunión, el municipio de Olavarría se comprometió a tratar “de forma urgente” la cuestión de la demanda habitacional estableciendo prioridades según la situación particular de cada una de las familias.
En dicho Documento se explicita que “luego de un intercambio de ideas y propuestas en la que intervinieron todos los presentes se realiza la siguiente propuesta: que la cuestión habitacional y demás necesidades sociales conexas a dicha circunstancia de los ocupantes será abordada de forma inmediata en los asuntos que sean urgente y diagnosticada en las restantes por la municipalidad de Olavarría teniendo como principal criterio de abordaje habitacional a aquellas familias que estén inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional Municipal”.
“El sr agente, en animo de facilitar el conflicto que subyace al litigio penal, ofrece que, si los ocupantes se retiran del lugar ocupado por propia voluntad, hasta el lunes 10 de mayo del 2021 inclusive, la respuesta punitiva será en los términos del articulo 51 bis del CPP para quienes se retiren, teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto y la composición con la que la municipalidad de Olavarría , aquí acordada, de conformidad a la normas procedimentales que correspondan”, se lee, también, en el documento firmado entre las partes.