A pesar de los tensos debates que se generaron en la esfera mediática en torno a la baja de imputabilidad durante los últimos meses del 2020 a causa del aumento de casos de inseguridad, de acuerdo con el último indicador oficial del Ministerio Público bonaerense que corresponde al primer trimestre del año pasado, el delito juvenil no aumentó durante los meses en los que se cumplió con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a causa del COVID-19.
De acuerdo con la cantidad de Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) y la incidencia que tienen los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en el 2020, según publicó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el número de IPP que involucran a jóvenes de 16 y 17 años fue un 52,7% menor respecto a igual periodo de 2019.
“La situación se ve con mayor claridad si comparamos lo sucedido durante la última década. En 2009, los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representaban el 4,54% del total de IPP abiertas en la Provincia y ese indicador se ubicó en menos de la mitad 2,08% durante el año pasado. Estos datos fueron procesados a partir de la información que aporta la Procuración bonaerense que, como se sabe, tiene una conducción que no está ligada al actual Poder Ejecutivo”, explicó Walter Martello, a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
“El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se instala cada vez que se produce algún hecho con fuerte impacto mediático. Ahora bien, plantear que la única solución que puede dar el Estado pasa por el sistema penal, es de una falacia absoluta. El Estado, particularmente la Justicia, cuenta con distintas herramientas que otorga el ordenamiento jurídico vigente para prevenir la delincuencia juvenil y actuar en los casos de los y las adolescentes que infringen la ley”, sostuvo Martello.
Consultados por Infoeme, desde el organismos bonaerense afirmaron que la disminución de delitos juveniles se debe en gran medida a las restricciones que se impusieron para la libre circulación producto de la cuarentena. Sin embargo, insistieron en que el delito de menores disminuyó más que el de adultos.
Asimismo, cabe destacar que, en sintonía con los debates por la edad de punibilidad, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado en distintas oportunidades fijar como los 16 años de edad.