La conferencia de prensa se realizó en la sede de la Asociación de Trabajadores Judiciales Bonarenses en nuestra ciudad. Allí estuvieron distintos referentes e integrantes del Poder Judicial, encabezados por el Secretario General Pablo Abramovich, el Secretario General en Olavarría José Loza, Marta Vedio Asesora Legal, Celia Lorente Secretaria de Género a nivel provincial y Alicia cruz del mismo frente.
En ese cuadro, Pablo Abramovich dio inicio al diálogo con la prensa presente: “Hoy estamos poniendo en conocimiento a la sociedad de Olavarría y toda la provincia una situación muy seria que estamos viviendo en el juzgado de Familia de Olavarría donde el pasado 19 de junio nosotros como sindicato formalizamos una denuncia contra el Juez Titular (Claudio García) por acoso sexual y violencia laboral ejercida contra una trabajadora del juzgado, de la cual vamos a preservar su identidad”.
Además, el Secretario General detalló: “Esta denuncia fue presentada en el área de control disciplinaria de la Suprema Corte, que es el órgano que se encarga de hacer las actuaciones disciplinarias al interior del Poder Judicial. Básicamente la gravedad de la situación, que nosotros estamos analizando y denunciando, tiene que ver por un lado que este magistrado se valió de su condición jerárquica para intentar forzar a que esta trabajadora acceda a sus requerimientos”.
“Por otro lado, el Juez de Familia es el que interviene en todas las causas de violencia de género en Olavarría, con lo cual la situación tan seria y compleja que tenemos es que, aquél que tiene que resolver las denuncias de las mujeres de la ciudad, es una persona que se ha valido de su posición para ejercer violencia de género contra una trabajadora, con lo cual lo que planteamos también es que este juez tiene que ser separado de su cargo mientras avance la investigación, se instruya y produzca toda la prueba que nosotros estamos ofreciendo en el sumario administrativo, porque entendemos que hay una incompatibilidad muy seria entre la función de juez y los hechos que están denunciados” subrayó Abramovich.
“En la denuncia relatamos con detalle todos los hechos ocurridos a lo largo de aproximadamente 6 meses, de un acoso sistemático y acompañado de situaciones de maltrato laboral producto de la negativa de esta trabajadora para acceder, con lo cual no solamente denunciamos los hechos, además hemos ofrecido pruebas para acreditarlo” añadió.
Más adelante, el Secretario provincial continúo: “La Corte en su función disciplinaria solamente tiene facultad de aplicar sanciones correctivas, es decir que no tiene facultades constitucionales para destituir a un juez, eso en la Provincia de Buenos Aires es facultad de un Órgano constitucional que se llama el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, una instancia que resuelve sólo la destitución del mismo. Nosotros estamos planteando que también la corte tiene que elevar esas actuaciones, sino seguramente lo haremos nosotros directamente como sindicato, para que se inicie el proceso de destitución. Mientras tanto lo que estamos planteando es que la Suprema Corte tiene la facultad de disponer una licencia compulsiva, así lo ha hecho en otros casos”.
“Tenemos muchos jueces denunciados por violencia laboral. La denuncia por acoso sexual, en particular es un caso testigo para nosotros, muy importante porque en general hay una dificultad muy seria para que las mujeres que son víctimas de estos acosos denuncien, por temor a la pérdida de trabajo, a perjudicar su carrera profesional, con lo cual ahora tenemos una situación que es especial y por eso esperamos que haya una decisión importante. Estas conductas son inadmisibles” enfatizó.
En la misma línea, la asesora legal Marta Vedio precisó: “No hay causa penal, es una denuncia administrativa, donde la Corte debe admitir la denuncia y designar un instructor que en ese ámbito son quienes van a instruir los hechos denunciados. Se resuelve todo dentro de la corte o eventualmente en el jurado de enjuiciamiento, pero no hay una figura delictiva que abarque estos hechos a pesar de la lucha del movimiento de mujeres que ha trabajado mucho pero no llegó todavía a poder configurar el acoso sexual como delito”.
Por su parte, Celia Lorente, Secretaria de Género a nivel provincial, también se refirió al caso: “Desde el equipo de la Secretaría de Género, que está conformado por toda la comisión directiva, consideramos que este tipo de conductas es ampliamente reprochable y no podemos dejar pasar. No sólo es inadmisible que este hombre, que debiera contar con perspectiva de género para llegar a ese cargo continúe ahí, sino que estamos re-victimizando a la compañera obligándola cotidianamente a transitar su vida laboral en compañía de la persona que la acosó y desajustó toda su vida personal durante tanto tiempo y continúen las cosas como si nada. Realmente consideramos que es necesario un alejamiento del titular de esta oficina, en pos de todas las mujeres de esta sociedad y de la compañera a la que estamos defendiendo. Fundamentalmente es necesario que se tomen medidas en este sentido, no puede ser que siempre la mujer, la víctima, la que está siendo violentada tenga que alejarse de su vida laboral, modificar su vida o dejar de tener los lazos y vínculos que habitualmente tiene”.