Con la intención de fomentar la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres, la Defensoría del Pueblo bonaerense le envió a los municipios una serie de pautas para la elaboración de ordenanzas para que se adhieran a la Ley Micaela de la Provincia.
Esta norma apunta a que todas las personas que se desempeñan en todos los niveles de la administración pública sean alcanzadas por esta formación en género, por lo que la iniciativa propuesta por el organismo que conduce Guido Lorenzino busca ofrecer una pauta mínima e indispensable que oriente a la elaboración de las ordenanzas de adhesión en los distintos concejos deliberantes.
“La administración pública, en todos los niveles, debe avanzar con políticas de género que sirvan para eliminar la violencia contra las mujeres, por lo que la Ley Micaela es una herramienta poderosa para este tipo de abordaje. Lo ideal sería que todos los municipios adhieran a la ley provincial para que haya criterios unificados al respecto”,
sostuvo Lorenzino.
Entre las pautas definidas por la Secretaria de Políticas de Genero, Niñez y Adolescencia de la Defensoría para la elaboración de las ordenanzas figuran parámetros que tienen que ver con el marco legal a adoptar, cómo formar los órganos de aplicación y qué áreas deberían estar incluidas, y las particularidades de los contenidos.
También se incluyen pautas que tienen que ver con la aprobación y certificación de los cursos, qué sucedería en caso de que los trabajadores no hagan la capacitación, la forma en que se dictan, y cómo se monitoreará el cumplimiento de estos programas.