Transcurría la fresca mañana del último martes. El sol ya estaba arriba pero aún perdía la batalla. Fue sobre Cortes al 2800, en pleno barrio San Vicente, donde se desplegó un importante operativo para lograr dar con la detención, nada más y nada menos, que de Roberto D´amico, por décadas al frente de la Uocra Olavarría.
La directiva fue realizada por la fiscal Viviana Beytía, titular de la fiscalía N° 10 y al frente de la investigación que comenzó con el inicio de agosto del año pasado. Por aquellos días nada hacía presuponer esta actualidad. Luis Daniel Conrado, también vinculado desde hacía años con el sindicato de trabajadores de la construcción, dejó entreabierta la puerta de la manera menos pensada.
Fue en las cercanías de La Máxima donde una persona a bordo de un camión arrojó escombros. Alguien llamó a emergencias. Quizás un vecino cansado de esas situaciones o un testigo ocasional. Lo concreto es que la denuncia derivó en algo igual de impensado. La persona a bordo del camión intentó escapar rápidamente, lo que dio lugar a una persecución.
Esto duró algunas cuadras, hasta que se lo interceptó. Todo estaba aún lejos de concluir. Al verse rodeado intentó escapar corriendo y agredió a cuanto personal policial se le puso en frente. En su poder fue hallada una importante suma de dinero en efectivo, con la que inclusive buscó chantajear a un policía para que lo liberen. De nuevo no pudo escapar.
Lo relevante, como si lo anterior no lo fuera, fue a partir del hallazgo de un sobre con la inscripción “Uocra agosto”, que tenía 5 mil pesos en su interior. Esa fue la punta del ovillo.
Más detenciones
Tras una tensa calma, las novedades llegaron con el fin de ese mismo mes. Se desplegó en distintos puntos de la ciudad un megaoperativo que se tradujo en la realización de varios allanamientos simultáneos, los más resonantes sobre la sede gremial y sobre el domicilio particular de Roberto D´amico. El saldo fue amplio y variado, desde el secuestro de armas, documentación y miles y miles de pesos, a la detención de otro referente de la Uocra Olavarría, Walter Brun, secretario de Organización.
Se incautaron documentos, tanto vinculados con la actividad gremial como a diversas propiedades. También autos, que fueron requisados hasta los paneles de las puertas. El saldo similar, más dinero y elementos de interés.
Esto permitió conocer, o al menos presuponer, de qué iba la causa. Tanto para Brun como para Conrado -quien de manera paralela afronta diversas acusaciones por los disturbios contra la policía- la imputación fue por los delitos de extorsión, dos casos consumados y un tercero en grado de tentativa. A D´amico, por su parte, se le reprochaba penalmente el delito de “encubrimiento agravado”. Ese agravante se desprende del tenor de los delitos que se les imputaron a personas que estaban bajo su responsabilidad o tutoría.
Qué pasó desde ese entonces
La verdad que mucho. Lo primero que no debe soslayarse es que Brun y Conrado siguen detenidos con prisión preventiva firme. En otras palabras, en caso de no mediar ninguna resolución extraordinaria seguirán en esa condición hasta el inicio del juicio. Sin embargo, las novedades no les son indiferentes. El primero de ellos ya fue citado a declarar, audiencia en la que además se lo notificó de la nueva acusación en su contra. El restante correría la misma suerte en los próximos días.
La causa actualmente cuenta de 13 cuerpos, cada uno de ellos constituido por 200 fojas
Las novedades son cuidadas con el recelo que caracteriza cada causa encabezada por la fiscal Viviana Beytía. Sin embargo, Infoeme dialogó con personas vinculadas con la investigación, quienes confiaron diversos datos que permitieron conocer los cambios o avances que explican la detención de D´amico.
El más claro es el cambio en la acusación. Ya no es más encubrimiento agravado la carátula en su contra, ahora está imputado por “asociación ilícita” en calidad de jefe. El cambio no es menor, el mínimo de una posible pena se eleva a 5 años y allí comienza a entenderse la orden de captura. Es más, también se le endilgan los delitos que recaen sobre los otros dos detenidos que tiene la causa.
El hermetismo aún vigente no permitió conocer mayores precisiones sobre el tenor de la prueba. Apenas se pudo recolectar quienes ayudaron de una manera u otra. La lista es larga y permite dar entidad a la dimensión de la investigación. La primera en ser aludida, a la par de la fiscal, fue la instructora Fernanda Gómez.
Trascendió que muchas de las novedades se obtuvieron a partir del análisis de teléfonos celulares y llamadas, tareas que fueron realizadas desde la división especializada en esa materia de General Alvear y de la DDI de Azul.
También cooperó la división de Crimen Organizado y de peritos contables, ambos con sede en la capital provincial. En estas últimas tareas también se contó con el apoyo de especialistas contables de Fiscalía General. En ese detalle no debe obviarse lo hecho por el personal policial local, tanto de Distrito, como del Comando de Patrullas, DDI y Drogas Ilícitas.