Una de las tres ex empleadas de Bromatología, acusadas de conformar una asociación ilícita y de defraudar a la administración pública - mediante el cobro de dinero por servicios municipales y la entrega de recibos truchos- fue condenada a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua y absoluta para desempeñarse en cargos públicos durante un juicio abreviado llevado a cabo en Azul.
Se trata de Silvina Elvira Baudry (44) quien fue encontrada como “coautora penalmente responsable” de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el uso de instrumento público falsificado en concurso real con asociación ilícita”.
La sentencia fue dictada por el Tribunal criminal Oral 2 de Azul, representado de manera unipersonal por la Dra. María Alejandra Raverta. La acusación fue llevada a cabo por el fiscal de Delitos Especiales de Azul, Dr. David Carballo, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Defensora Oficial Soledad Kelly.
De acuerdo al fallo al que tuvo acceso Infoeme, Baudry fue encontrada responsable de formar parte , entre julio de 2015 y junio de 2017, de “una banda integrada por al menos tres personas del sexo femenino, todas empleadas de la Municipalidad de Olavarría, cumpliendo funciones en la Dirección de Bromatología” que actuaban en conjunto “con división de tareas, de manera organizada y con permanencia en el tiempo”.
Mediante “ardid y abusando de la confianza inspirada en su condición de empleadas públicas de la mencionada oficina, defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad de Olavarría, cobrando en nombre de dicha administración pública, sin estar habilitadas para hacerlo, en dinero en efectivo, y en alguna oportunidad con cheques, servicios municipales tales como análisis de aguas y otros productos alimenticios (tanto bacteriológico como Físico químico y Arsénico), habilitaciones de transportes de sustancias alimenticias y demás trámites que se realizan en dicha oficina, expidiendo en muchos de los casos recibos apócrifos y apoderándose indebidamente de dichas sumas que debieron ingresar a las arcas municipales” detalle la sentencia.
El perjuicio para la comuna fue de casi 300 mil pesos según consigna el documento y hubo alrededor de unos quince comerciantes estafados.
Los testimonios de las víctimas, junto a funcionarios de la Municipalidad, fueron parte de las pruebas centrales aportadas a la causa.
En tanto, las otras dos imputadas, Claudia Gabriela Carlos y Liliana Álvarez, podrían dirimir su situación en instancias similares o en un juicio oral.