Cuatro agentes penitenciarios, dos de ellos olavarrienses, fueron condenados en fallo de primera instancia por el delito de “vejaciones agravadas por el uso de violencia”, después que en un juicio correccional realizado en Azul, quedara probado que agredieron a varios presos a los que trasladaban en un micro de una cárcel a otra.
Se trata de los olavarrienses Hugo Osvaldo Sánchez, de 39 años, y Cristian Leonardo Eliseo, de 41 años de edad.
Las penas dictadas para cada uno de ellos - en calidad de coautores- fueron de tres años de prisión –“cuyo cumplimiento, dada la ausencia de antecedentes penales de los causantes, estimo conveniente dejar en suspenso”, escribió el magistrado en el fallo- y de seis años de “inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que impliquen la vigilancia o custodia de personas privadas de la libertad”.
El otro de los efectivos condenados fue identificado como Marcos Mauricio Coronel, un trabajador social nacido en Laprida que tiene 48 años de edad y figura con actual domicilio en Azul.
En el mismo juicio oral, una empleada del Servicio Penitenciario llamada Laura Elizabeth Olivera también fue condenada pero en calidad de “partícipe necesaria”, “al no haberse acreditado que su conducta fuera la que determinó a los restantes imputados a vejar a los damnificados”, publica diario El Tiempo.
La pena fue de dos años de prisión en suspenso –“en virtud de carecer de antecedentes penales”– y que también quedara inhabilitada, pero por un plazo de cuatro años, para ejercer empleos públicos que, al igual que para los demás encausados, “impliquen la vigilancia o custodia de personas privadas de la libertad”.
En tanto, un quinto agente, Mario Ramón Fernández (51), oriundo de Pigüé y domiciliado en Sierra Chica fue absuelto.
Los hechos juzgados se produjeron el 11 de abril del año 2012. “Al menos cuatro personas del sexo masculino, todos ellos agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense, encomendados en la tarea de trasladar a un grupo de internos desde el Complejo Sierra Chica hacia la Unidad Penitenciaria N° 29 de Melchor Romero, a bordo de un móvil oficial, al hacer parada en la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul, lugar en el que debían recoger a una interna de la Unidad N° 52, aplicaron vejaciones contra los internos que integraban la comisión”, señaló el juez Correcional de Azul, Aníbal Álvarez.
Como víctimas figuraron varios de los quince presos que, en aquella ocasión, eran trasladados en una unidad móvil perteneciente al SPB.
Una primera secuencia de lo sucedido fue ubicada en la sede de la Unidad 7, la cárcel de varones que está en Azul, penal donde el colectivo hizo escala. Después, ya en viaje, una situación similar se reiteró en la ruta.
“Lo que desencadenó la agresión física que sufrieran los internos, todos los cuales se encontraban esposados e inmovilizados al asiento del móvil, fue el pedido que formulara el interno Martín Quinteros Ludueña al personal de la comisión para ir al baño, al detenerse el micro en la Unidad 7 de Azul”, escribió el juez en el fallo.
Dicho permiso le fue “arbitrariamente negado”. Y, continuó señalando en el fallo el titular del Juzgado Correccional 1 de Azul, “ante el insistente reclamo por parte del mencionado, personal de la comisión ingresó al camión y comenzó a agredir al reclamante, mediante golpes de puño, con la culata de la escopeta y con una cachiporra”.
“Ello motivó el reclamo del resto de los internos, quienes pedían a los gritos que cesaran en su actitud, ante las lesiones evidentes que presentaba su compañero”.
En ese contexto, los efectivos del SPB “arremetieron contra el resto de los internos, golpeándolos con la misma modalidad”.
Las versiones de los presos golpeados se convirtieron en uno de los elementos para dar por demostradas tanto la existencia del hecho como las autorías de los efectivos del SPB en el incidente.
En medio de esa situación, la empleada del SPB que también fue condenada en este debate “instigaba activamente y a viva voz a sus compañeros masculinos para que continúen e intensifiquen las agresiones proferidas a los presos que guardaban”, agregó el juez Álvarez sobre lo sucedido.
Para todos los efectivos del SPB que fueron condenados el juez Álvarez valoró como atenuantes “la falta de antecedentes penales”. Como agravantes, en tanto, el magistrado azuleño tuvo en cuenta “la pluralidad de víctimas y la circunstancia de que éstas, al ser golpeadas, se encontraban esposadas, lo que las colocó en un estado de indefensión”.
Los cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense condenados en esta primera instancia fueron patrocinados en el juicio que se hiciera en los Tribunales de Azul por el abogado olavarriense Mauro Luciano Monteleone.
El letrado fue detenido semanas atrás, luego de que había sido procesado por varias estafas y por -supuestamente- liderar una organización delictiva que cometía ese tipo de defraudaciones con la compra y venta de vehículos automotores.
Fuente: Diario El Tiempo de Azul