En las últimas horas concluyó el proceso penal, al menos en su primera instancia, contra una joven de nuestra ciudad acusada de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, además de “tenencia de arma de fuego de uso civil”, en concurso real de acciones. Un juez azuleño la halló culpable de esos delitos y le impuso la pena de 4 años y 8 meses de prisión, sumado a una sanción económica.
Infoeme tuve acceso a la sentencia y así pudo conocer que todo se desprende un allanamiento realizado a inicios de 2016 en un complejo ubicado sobre Santa Fe al 3500. Lo particular es que esos procedimientos se habían enmarcado en una investigación por “abuso de arma” y tenían como objetivo a las construcciones linderas ubicadas sobre esa misma propiedad. Esa cuestión fue esgrimida desde la defensa para pedir la nulidad del procedimiento, y por ende, de la causa en sí, pero todo fue descartado por el juez Martín Eugenio Céspedes.
El magistrado del Tribunal Nº 1 expuso que no advirtió un exceso en la labor policial y que, además, ese mismo planteo ya había sido descartado tanto desde el Juzgado de Garantías como la Cámara de Apelaciones. “Sin que nada novedoso se haya producido en el juicio que habilite una nueva interposición en esta etapa del proceso, motivo por el cual tratándose de cosa juzgada en sentido formal, adelanto, no corresponde hacer lugar a dicha impugnación”, sentenció al respecto.
En el juicio la querella se vio encabezada por el doctor Lucas Moyano, titular de la fiscalía en estupefacientes
Saldada esa cuestión, y tomando como principal argumento la declaración de los policías que realizaron el procedimiento, consideró como a derecho el hallazgo y secuestro de una caja con alrededor de tres kilos de cocaína que se hallaba en la habitación de que la acusada compartía con su pareja, más precisamente debajo de la cama. La sustancia se encontraba fraccionada en numerosos envoltorios y tizas.
En ese mismo ambiente se incautó además un revólver calibre 22, proyectiles, además de una suma de dinero en efectivo cercana a los 6 mil pesos. “No sé nada, no sabía que estaba esa caja que supuestamente sacaron”, narró la mujer, quien también intentó desligar a su pareja de esa cuestión. En ese sentido afirmó que ese dinero era el pago de fin de año realizado por “el patrón de mi marido”, el cual, siguiendo siempre con sus dichos, lo habían ahorrado para poder irse de vacaciones a la costa.
Las audiencias de debate se desarrollaron durante la semana pasada en la ciudad de Azul
De idéntica manera se proclamó cuando se le preguntó sobre el arma y el consumo de estupefacientes. Su defensa expuso que por su sola presencia en el domicilio no se podía acreditar la participación, algo que tampoco convalidó el juez Céspedes. “Dos personas que conviven en un lugar como pareja en un espacio de pequeñas dimensiones por donde circulan exclusivamente ellos y a diario, se realizan tareas de orden y limpieza y básicamente por el lugar de fácil acceso en donde fueron encontradas –droga debajo de la cama-, muestra a las claras y resulta indiscutible el conocimiento que poseía sobre la existencia de los estupefacientes dentro de su propia habitación y del innegable conocimiento del fin de esa tenencia”, expresó.
La comercialización, por otra parte, “se encuentra probada con la importante cantidad de clorhidrato de cocaína secuestrada en el domicilio, así como la forma en que las dosis estaban fraccionadas y la cantidad de dinero en efectivo secuestrado ($ 6.000) permiten afirmar con certeza que la tenencia lo era con la finalidad de comercializarla”.
Teniendo como agravante “la cantidad y calidad del material secuestrado”, pero como atenuante la falta de antecedentes penales, se dispuso la sentencia de 4 años y 8 meses de prisión, además de una multa de 3 mil pesos. Sobre el cumplimiento de la pena se aclaró que, al no estar firme la resolución, no se dispondrá una medida de coerción al respecto al no detectar riesgos procesales, “imponiéndole las obligaciones de presentarse todos los días lunes en la Comisaría Primera de Olavarría, en la que se labrara acta de comparendo, no pudiendo ausentarse de su domicilio por más de veinticuatro horas sin aviso previo en dicha sede policial”.