Con 141 votos a favor, 64 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo nacional, que busca esclarecer el estado actual de la obra pública en todo el país, que en su mayoría fue suspendida por la administración libertaria el mismo día de la asunción de Javier Milei.
Por eso, la iniciativa que surge de la Cámara baja del Congreso apunta a conocer cuáles son las obras públicas que están paralizadas, cuáles fueron suspendidas o neutralizadas desde diciembre de 2023, y qué impacto social y económico generó el freno en el sector de la construcción a nivel nacional.
Es preciso mencionar que, el dictamen había sido firmado el año pasado en la Comisión de Obras Públicas, que preside el diputado de Unión por la Patria, Bernardo José Herrera, y solicita al Gobierno la nómina completa de la obra pública en ejecución financiadas por el Estado nacional, además de un desglose que indique cuántas corresponden a instituciones educativas, sanitarias, viviendas e integración sociourbana de barrios populares.
En la misma línea, el pedido de informes de Diputados exige que el Gobierno nacional detalle la fecha en la que cada obra pública fue interrumpida, las razones que llevaron a su paralización total, y el grado de avance que presentaban al momento de su suspensión, tanto en términos físicos como financieros.
Además, el escrito que el Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso, tendrá que incluir información sobre las obras con financiamiento internacional, como las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) o el Banco Mundial, así como aquellas de carácter mixto, gestionadas en conjunto por Nación y provincias.
Durante el debate en el recinto, el diputado Herrera fue el miembro informante de la propuesta y señaló con dureza que “sin ningún tipo de análisis, el presidente de la Nación decidió terminar con la obra pública”. A su vez, denunció que la medida dejó “3.500 proyectos inconclusos, perjudicó a 1.400 empresas del sector de la construcción y provocó la pérdida de 100.000 empleos directos”.
Por caso, Herrera advirtió que por cada empleo perdido en la obra pública, se pierde al menos uno más de manera indirecta, e indicó que cada vivienda abandonada implica una familia excluida de su derecho a un techo digno, mientras que la paralización de rutas encarece el transporte y reduce la conectividad del país.
Por su parte, el diputado nacional del bloque Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, expresó que la política del Gobierno nacional en materia de inversión pública “es insostenible en el largo plazo”, fundamentalmente dentro de lo que calificó como “un marco de fragilidad normativa”. En esa línea, el legislador reclamó que el Ejecutivo explicite cuál será el plan futuro de obras, y cómo planea sostenerlo en el tiempo.
Es preciso mencionar que, el pedido de informes aprobado por la Cámara baja busca obligar al Ejecutivo a dar respuestas concretas sobre una de las áreas más afectadas por el ajuste libertario, en un contexto donde la obra pública no solo es motor de empleo, sino también una pata fundamental de desarrollo territorial y social.
La expectativa ahora está puesta en la respuesta del Gobierno nacional, y en si aportará certezas a los legisladores y la sociedad toda en un escenario de fuerte incertidumbre para las provincias, los trabajadores y las empresas del sector, que registró miles de desvinculaciones laborales en el último año y medio.
