Un proyecto elaborada por el senador Francisco Durañona (FdT) en la Legislatura provincial propone limitar los gastos que los inquilinos pagan cuando acceden a una vivienda.
El proyecto señala que “se orienta a quitarle presión a los inquilinos en cuanto a gastos que verdaderamente no corresponden que los asuman ellos”. Asimismo, en un escenario de concentración y retracción de oferta frente a una creciente demanda, el senador indica que "hay modelos contractuales que generan el famoso ´tómalo o déjalo´. Son contratos de adhesión en los que no hay posibilidad alguna que quienes quieren alquilar puedan discutir ni una coma del contrato y se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad".
Durañona asegura además que "hemos recuperado una agenda tremenda para los intereses de las familias del interior, que es volver a la construcción de viviendas a través de créditos hipotecarios a tasa cero y desarrollos de emprendimientos inmobiliarios donde el Estado cumple un rol determinante". En tal sentido agrega que "hay familias que dependen de las políticas y derechos que el Estado pueda garantizar para lograr un alquiler donde los abusos sean dejados de lado a partir de la presencia fuerte del Estado. Eso busca este proyecto de ley".
En tanto, desde la Unión de Consumidores de Argentina, Adriana Malek subraya que el proyecto hace foco en “la transparencia de las operaciones y el deber de información por parte de quienes tienen a cargo las operaciones inmobiliarias”. Además, resulta “indispensable visibilizar los gastos que conlleva para el locatario un contrato de alquiler, mediante este derecho a la información estaríamos evitando situaciones desfavorables" para el sector más vulnerable del mercado inmobiliario: los inquilinos.
Malek también se manifiesta de acuerdo con el tope de comisiones y con que se determine qué gastos no están a cargo del locatario, al tiempo que agrega "se ha puesto un límite al porcentaje de honorarios y que se aplique sobre el monto total en el primer año de locación, y se incorpora la eximición de gastos en la etapa previa de la operación” para aliviar el monto que debe pagar el inquilino para ingresar a locación.
El proyecto
El proyecto detalla en sus fundamentos que corredores y martilleros estarán obligados a “visibilizar los derechos" de los inquilinos "exhibiéndolos en sus mostradores y/o páginas web". En ese sentido, la iniciativa “persigue el objetivo de equiparar derechos en forma justa, para que no haya desigualdad entre las partes y salvaguardar los derechos de un sector de la población". Asimismo, en caso de prosperar el proyecto presentado por el senador Durañona, no se generaría un vacío interpretativo que perjudique a la parte más débil:
- En relación a gastos de gestoría, informes de dominio en el Registro de la Propiedad, certificación de firmas, averiguación de informes de garantía y demás erogaciones, no podrán ser requeridos a los locatarios y le corresponderá al locador.
- Honorarios. El proyecto establece que se cobrará en concepto de honorarios hasta un 4% a cargo del locador, sobre el monto total correspondiente al primer año de contrato.
- Prohíbe que en las locaciones de inmuebles en los que el locatario sea una persona física, se requiera y/o perciba comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios o continuadores de la locación.
Tanto el autor del proyecto, como referentes del sector inquilinos, coinciden en destacar que la iniciativa se orienta a generar un alivio económico a un grupo que enfrenta serias cargas, al tiempo que busca acercar una solución al problema habitacional en la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el 50% de los hogares en alquiler del país se concentran entre el territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.