En las últimas horas la doctora Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías N° 1, acompañó el planteo de la fiscal María Paula Serrano y elevó a juicio la causa por la desaparición y muerte de Carlos Cordero, el caso que mantuvo en vilo a la ciudad durante varias semanas del 2019.
Infoeme accedió a detalles de la resolución y sin dudas uno de las situaciones más relevantes es que desde la defensa de los acusados, Claudio Daniel Ibarra y Anabella Landalde, no se planteó oposición al pedido de elevación a juicio que a inicios del pasado mes había sido requerido desde la fiscalía N° 4.
Las audiencias se enmarcarán en la figura de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el empleo de arma de fuego. Ahora, tal cual lo marca el procedimiento, la causa fue remitida a la Cámara Departamental, que será la encargada de llevar a cabo el sorteo correspondiente para definir en qué tribunal se llevará a cabo el debate. Aquí las alternativas son dos, y refieren a los dos tribunales en lo Oral y Criminal de Azul.
Vale recordar que el ex militar desapareció a fines de junio del año pasado, un rastro que fue buscado de manera incansable durante varios días, en rastrillajes que avanzaron sobre cielo, tierra y agua. Todo sumó aún más dramatismo y preocupación en la jornada del 6 de julio, cuando un cuerpo calcinado fue hallado en las inmediaciones del paraje del Gauchito Gil ubicado sobre Junín y ruta 226. Las sospechas se confirmarían varios meses más tarde, ya en septiembre, cuando las pericias de ADN confirmaron que se trataban de los restos de Cordero, que previo al inicio del fuego había sido mutilado.
“Una cita sexual” fue la emboscada en la que la víctima habría caído esa noche de junio, tal cual lo señala la hipótesis central de la causa liderada por la fiscal María Paula Serrano. Una línea investigativa que poco después se tradujo en las detenciones de Claudio Daniel “Chaco” Ibarra, primero, y Anabella Landalde, su pareja, días después.
La joven fue noticia en las últimas semanas a partir del planteo de excarcelación elevado desde su defensa, un pedido que se enmarcó tanto en la custodia de hijos menores como en la situación de pandemia. Lo llamativo de su caso es que la justicia accedió a ese beneficio pero se le fue anulado tan solo 10 días después al descubrirse que había vulnerado no sólo el arresto domiciliario, sino también la pulsera que le había sido colocada para su custodia.