En las últimas semanas se han multiplicado los pedidos de beneficios y morigeraciones por parte de reclusos alojados en las sedes carcelarias bonaerenses, todo en el marco de la pandemia de coronavirus. Tal cual sucedió en la jornada del lunes en la Unidad 27 de Sierra Chica, o este martes en la Unidad 10 de Melchor Romero, los internos piden que se contemplen sus reclamos para evitar contraer el virus.
El marco de este reclamo lo dan también las resoluciones emitidas, entre otros por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y el Tribunal de Casación Penal, quienes aconsejaron el otorgamiento de beneficios a personas que son parte de la población de riesgo “por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias”, según puede leerse uno de esos fallos.
En esto último puede entenderse el fallo emitido en las últimas horas por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, que accedió a un planteo de habeas corpus de Anabella Landalde, la joven que se encuentra acusada de haber sido partícipe de la desaparición y muerte de Carlos Cordero, el caso que tuvo en vilo a nuestra ciudad por varios durante el año pasado.
La joven permanecía alojada en una unidad penal de Los Olmos junto a su hija de 3 años y otras de pocos meses. Vale recordar que había sido detenida en nuestra ciudad transitando las últimas semanas de embarazo. Se logró saber que le fue otorgado el arresto domiciliario en un domicilio de Morón en el Conurbano Bonaerense, siendo monitoreada electrónicamente desde el Servicio Penitenciario.
En la investigación del hecho, cuya instrucción fue encabezada por la fiscal Paula Serrano, se estableció que Landalde era la pareja de Claudio Daniel “Chaco” Ibarra Arrieta, quien permanece alojado en una sede carcelaria. Ambos se encuentran imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por ser cometido con arma de fuego”.