Ignacio Cerdera
@nachocerdera
Hace exactamente dos años que el grupo de avanzada local en narcotráfico o investigación de Drogas Ilícitas tiene su sede en el predio del Centro de Exposiciones Municipal local (CEMO). La elección de ese sitio surgió más de la necesidad y la prisa por contar con un espacio que la elección de ese sitio de por sí, claro está.
No menos cierto es que todo se precipitó a partir del inicio de las obras del hoy -como mínimo- postergado polo Judicial. Para algún desprevenido, o quizás también por el hecho de que nunca se le dio mayor prensa a esa ubicación, el área local en investigación de Drogas Ilícitas de nuestra ciudad tenía su oficina en la esquina de Bolívar y 25 de Mayo, pegado al ya inexistente Corralón Municipal.
Si eso toma por sorpresa a algún lector, qué decirles con respecto a cómo funcionó previo a ello. Basta y sobra con referir que antes directamente no se contaba con un sitio dónde reunirse, al punto que lo hacían en domicilios particulares o directamente en Azul, donde se encuentra la jefatura regional, o mejor dicho la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, tal cual es su nombre.
Lo concreto es que desde ese entonces todo se trasladó a un espacio que tiene la particularidad de encontrarse en un subsuelo, que según algunas fuentes consultadas coincidieron supo ser una suerte de balanza de vehículos de gran porte. Ese sitio fue acondicionado gracias a los aportes y recursos del Ejecutivo local y tareas de las que los propios agentes de seguridad supieron tomar parte, además de aquellos dispuestos desde el municipio.
La problemática vinculada con las sedes de las dependencias de seguridad local no es algo nuevo, más bien ha alcanzado a la mayoría de las gestiones municipales que al día de hoy destinan importantes desembolsos de fondos públicos para costear alquileres cada vez más costosos y complejos de renovar, algo en lo que puede incluirse también a la comisaría Segunda, la Sub DDI o la Comisaría De la Mujer, por solo mencionar algunas, en una situación que seguramente sea foco de futuros informes.
La búsqueda de sanear esto pudo verse recientemente con la nueva ubicación de la policía Local, algo que fue anticipado y desarrollado desde este mismo espacio. La realidad es que algo similar se quiso hacer con el grupo de avanzada local al ubicarlo en un predio municipal, pero la realidad no sólo de esa dependencia sino de la ciudad hace ver que eso no basta.
En ello, y varios aspectos más que se desarrollarán en las próximas líneas, se fundamentó un proyecto que a fines de junio fue elevado ante el Ministerio de Seguridad bonaerense. El planteo puntual es que Olavarría pase a tener una subdelegación en Drogas Ilícitas, en otras palabras que se rejerarquice la actual dependencia, algo que tiene su correlato directo en los recursos que se le destinan, sean tanto humanos como en infraestructura. Es algo análogo a lo sucedido con el destacamento de Sierra Chica y el pedido para que pase a ser subcomisaría, expediente que también fue enviado a La Plata con la firma del intendente para que sea estudiado por el ministro Cristian Ritondo.
Cifras y avances
Olavarría, tal cual suceden con otros tipos delitos y en el cúmulo total de causas, representa uno de los distritos más importantes del Departamento Judicial de Azul, multiplicando inclusive los números de la ciudad cabecera. Algo similar sucede con respecto a las distintas ciudades que abarca la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado con sede también en Azul, sin embargo los recursos y la actual jerarquía de la oficina local la ubican en igual rango que esos sitios.
Una entrevista realizada semanas atrás con el fiscal especializado en la materia, el doctor Lucas Moyano, reveló que al momento de ser presentado ese expediente, es decir durante el primer semestre del presente año, 40 personas fueron aprehendidas y 26 de ellas quedaron luego formalmente detenidas por diversas infracciones a la Ley de Drogas. No menos significativo es que en ese mismo lapso de tiempo se iniciaron 334 causas y se realizaron 41 allanamientos.
En ello se explica el pedido para dotar a la ciudad de más recursos. Inclusive, Infoeme pudo tomar contacto con ese expediente y conocer que el pedido plantea de manera expresa que el objetivo que se persigue es poder realizar “una tarea más eficiente” en virtud de lo requerido desde la fiscalía N° 19.
Ahora, lo que da cuenta del curso favorable que correría el pedido es el regreso a nuestra ciudad del expediente y el requerimiento de información complementaria. Esa situación dio inicio a gestiones tanto desde el actual grupo de avanzada local, que tiene como titular al subcomisario Atahualpa Rubino, y también desde el municipio local, cuya área de Seguridad tiene como responsable a Daniel Borra.
El documento retornará a La Plata pero con datos adicionales que podrían resultar clave para asegurar el visto bueno y así activar la posibilidad de poder contar con más infraestructura para la lucha contra el narcotráfico.