La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reclamó al Ministerio de Justicia bonaerense que "en forma urgente" depure las listas de candidatos para integrar los juicios por jurados porque "en los últimos años se han detectado serias dificultades en las instancias preparatorias de los debates a realizarse, que incluso imposibilitaron que se lleven a cabo las audiencias" previstas.
Vale recordar que el inicio del proceso de selección de candidatos para juicios por jurados se inicia a partir de un sorteo público en el que los aspirantes son elegidos en una primera instancia a partir de los últimos números del documento. A partir de allí se ponen en marcha otra serie de filtros vinculados a la edad y desempeño profesional.
Sin embargo, pese a esas directivas, inclusive en el Departamento Judicial de Azul se han dado complicaciones y postergaciones debido a la imposibilidad de poder contar con el número mínimo (18) de personas para poder ubicar en la sala para definir el veredicto.
A través de una resolución firmada en las últimas horas, la Corte aclaró que "la ley ha puesto en cabeza del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el proceso de elaboración de los listados de los ciudadanos sobre los cuales luego se efectuará el sorteo para la integración del Jurado en cada debate" y recordó que la mayoría de las personas que esperan un juicio por jurados "están privadas de su libertad".
El máximo tribunal se quejó porque más allá del sorteo público anual de los jurados "ninguno de los restantes requerimientos dispuestos por la ley han sido cumplidos por el Ministerio". Y agrega: "En efecto, los listados remitidos a la Oficina Central de Juicios por Jurados en los últimos años (todos fuera del plazo que manda la norma) se han confeccionado sin la realización previa de las correspondientes declaraciones juradas y, por ende, de la efectiva depuración exigida por la ley".
La falta de depuración de los listados implica para el órgano "incluir en el proceso de sorteo y conformación del Tribunal de Jurados ciudadanos que no cumplen con los recaudos legales para ejercer dicho rol, lo que genera diligenciamientos innecesarios de cédulas, resorteos reiterados de candidatos, pagos de traslados y demoras en el proceso", concluye el planteo.
Con esta resolución, el máximo tribunal volvió a tensar, en parte, la relación con el Gobierno de María Eugenia Vidal, ya que se suma al rechazo, de la semana pasada, del pedido de inconstitucionalidad de la ley que establecía la independencia de los defensores oficiales con respecto al Ministerio Público Fiscal. Además, la Corte también había firmado tiempo atrás una resolución en la que los magistrados criticaban la falta de nombramientos en cargos en el Poder Judicial, una con un fuerte reclamo por mayor presupuesto y habían suspendido la reforma previsional del Bapro que impulsó el Gobierno.