Este martes estaba previsto el comienzo del juicio contra el ex fiscal Rubén Rivero, acusado de “abuso sexual intimidatorio por la relación de poder”. Sin embargo, Rivero no concurrió a la primera audiencia y debió ser suspendida.
La audiencia iba a ser llevada adelante por el juez correccional Héctor Torrens en la sede del Juzgado Correccional N° 2, de Azul. En el lugar, sí se hizo presente la víctima.
A principios de este año se conoció el fallo de la Cámara de Casación de la Suprema Corte Bonaerense de finalmente llevar a Rivero a juicio oral y público.
Llegar a esta instancia no fue fácil ni ágil. El largo periplo judicial y cada una de las recusaciones realizadas por Rivero aletargaron la resolución, a punto de que la causa esté al borde de la prescripción, desde el momento en que el padre de la menor de 16 años, un sargento de la Policía Bonaerense que actuaba como custodio en la Fiscalía y que le había sugerido a Rivero que contratara a su hija, para tareas domésticas, lo denunciara por un presunto abuso de la menor.
La definición adoptada por el Tribunal de Casación integrado por Daniel Carral, Ricardo Maidana y Carlos Ángel Natiello fue con fallo dividido – 2 a 1 a favor de la elevación a juicio- .
Mientras Carral votó por la prescripción, en favor de Rivero, Ricardo Maidana no se detuvo en la cuestión del tiempo, sino que usó contra el acusado aquello que le permitió obtener tantos beneficios: su condición de fiscal.
Recordó que la ley prevé que los plazos de prescripción no corren igual para los funcionarios. “Se debe aplicar la suspensión del curso de la prescripción por la condición de funcionario público del imputado”, escribió.
Su colega Natiello votó en el mismo sentido y así, por 2 votos a 1, Rivero quedó obligado a ir a juicio oral por el abuso sexual denunciado hace 9 años.