Durante gran parte de la semana pasada la situación carcelaria fue noticia no sólo en Olavarría sino en toda la provincia, todo a partir de una protesta realizada por internos que por varios días llevaron adelante una huelga de hambre. Por estas horas persiste tanto la ansiedad como la incertidumbre con respecto al saldo y medidas que se desprendan en la continuidad de la denominada mesa de diálogo, una medida que fue tomada desde el Ministerio de Justicia y el propio gobernador Axel Kicillof.
En ese marco Infoeme dialogó con un referente del Comité Contra la Tortura bonaerense para conocer más acerca del reclamo y la situación carcelaria en sí. Se trata de Ignacio Di Giano, quien se encuentra al frente del Programa de Recepción de Denuncias, uno de los tres programas que integran el Comité que a su vez pertenece a la comisión Provincial por la Memoria. Se trata, ni más ni menos, que el mecanismo provincial de prevención de la tortura, y que desde el 2002 viene realizando minuciosos informes en los que expone cómo es la situación intramuros bonaerense.
Su labor es delatada obviamente por el nombre del programa que encabeza. Sobre esa cuestión añadió que las denuncias no sólo son recepcionadas a internos, sino también a familiares o canalizadas a través de organizaciones, allegados. Al referir la cuestión puntual local, es decir la Zona Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense -al cual pertenecen no sólo las cárceles de Sierra Chica sino también las Unidades de General Alvear, Urdampilleta y Bárker- señaló que “el seguimiento es bastante frecuente y de bastante diálogo”. Ello lo explicó fundamentalmente del vínculo y contacto con la ayudantía fiscal local en Delitos Carcelarios, que tiene como titular al fiscal Lucas Moyano, y la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul, además de la jueza de Ejecución Penal Adriana Raquel Bianco. “Es un territorio que lo frecuentamos bastante”, enfatizó. “Hemos hecho varias acciones en conjunto. Tenemos abiertas varias acciones colectivas”, completó.
El reclamo
“Hoy lo que es el complejo centro estaría prácticamente cesada la huelga por parte de las personas detenidas”, señaló y, si bien admitió que existirían algunas situaciones particulares, “se estaría cesando”. Sobre el reclamo señaló que “las proclamas no solo tienen que ver con cuestiones más emergentes como las condiciones de detención, el hacinamiento, la sobrepoblación que el Comité viene denunciando hace más de 6 años, sino una cuestión que tiene que ver con una reforma estructural del sistema penal, sacar el enfoque de política criminal que utilizó el último gobierno y en ese marco hacer una revisión de todas las modificaciones que fueron agravando el encierro y hoy llegamos una cifra histórica de 50 mil personas detenidas, con las consecuencias que eso tiene”, señaló.
La Unidad Nº 2 de Sierra Chica es un claro ejemplo de esa situación. Según datos compartidos por el propio Di Giano actualmente la sobrepoblación en la cárcel de máxima seguridad es de más del 132%. En cifras concretas, al cierre de noviembre último la población carcelaria alcanzaba a 2166 personas, cuando el cupo es de 1550.
“Quien está violentando derechos es el Estado”, añadió el referente del Comité quien reiteradas ocasiones puso el acento en lo “pacífica” de la medida. “El Estado está incumpliendo con muchísimas normativas, convenciones, tratados internacionales, la Argentina y la provincia de Buenos Aires están en infracción y lo que hoy están reclamando las personas que están detenidos no es ni más ni menos que derechos en su detención, tiene que ver con un trato digno, con un marco que pueda habilitar la progresividad de la pena, que se pueda acceder a trabajo, profesión, en esa esfera de encierro uno pueda poder proyectarse nuevamente en la sociedad”, expresó.
Vale recordar que, tal cual fue informado en reiteradas ocasiones desde este Diario, como paliativo a la delicada situación carcelaria los internos piden el acceso a morigeraciones o beneficios tales como arrestos domiciliarios o conmutaciones de penas. En ese sentido Di Giano expresó que se tiene que culminar con el “uso excesivo de las prisiones preventivas”. Ahora se aguarda por el saldo de lo dialogado entre los distintos actores en la mesa de diálogo.