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Cárceles bonaerenses: Se llevó a cabo la primera mesa de diálogo

El encuentro se desarrolló este jueves y se vio protagonizado por diversos actores clave, liderados por el ministro de Justicia Julio Alak. Entre otros, estuvo presente Adolfo Pérez Esquivel, quien en carácter de presidente de la Comisión por la Memoria compartió datos precisos acerca de la situación de las cárceles bonaerenses.

Tal cual había sido anunciado días atrás, se concretó en la jornada de este jueves la primera de las denominadas mesas de diálogo para discutir la delicada situación de las cárceles bonaerenses, algo que quedó aún más expuesto en las últimos días a partir de una huelga de hambre que alcanzó la mayoría de las unidades de la provincia.

 

 

Para buscar una salida y respuesta a esta situación distintos actores clave se reunieron en la capital provincial. Todo se vio liderado por el flamante ministro de Justicia, Julio Alak, y el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari. Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, participó también de la reunión y expuso ante las autoridades que resulta “imprescindible descomprimir las cárceles bonaerenses que tienen una sobrepoblación récord y un hacinamiento que genera condiciones inhumanas de detención así como también luchar contra la tortura adentro de las cárceles.”

 

La Comisión Provincial por la Memoria aportó información propia sobre el estado de situación que se desprende del trabajo realizado en las últimas semanas, en el marco de un plan de monitoreo de emergencia que el organismo desplegó inmediatamente después de conocerse las primeras huelgas.

 

 

El ministro Julio Alak expresó que “es imposible sostener esta política criminal”, mientras que el presidente de la Corte bonaerense Eduardo de Lazzari refirió que “el Poder Judicial debe trabajar en serio para solucionar el problema”. El subsecretario de política criminal, Lisandro Pellegrini, será el coordinador de la mesa de diálogo, de la que participarán los jueces y el defensor del Tribunal de Casación, el Procurador General, la Defensoría del Pueblo, el arzobispado de La Plata,  senadores y diputados, jueces de primera instancia, representantes de universidades, organizaciones no gubernamentales y comisionados del CNPT (Comité Nacional de Prevención de la Tortura).

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