Desde el bloque de concejales de Fuerza Patria Olavarría se pronunciaron ante los despidos registrados en la estación de peaje de Hinojo. A través de un comunicado, expresaron su "profunda preocupación y absoluto rechazo a los despidos anunciados en la estación, sobre la Ruta Nacional 226, como consecuencia directa de la nueva privatización de Corredores Viales impulsada por el Gobierno Nacional".
"La decisión de dejar sin trabajo a decenas de familias de Olavarría, Hinojo y Colonia Hinojo constituye un nuevo golpe para una comunidad que ya viene sufriendo las consecuencias de un modelo económico basado en el ajuste, la destrucción del empleo y el abandono del Estado", plantearon.
Marcaron que "los trabajadores fueron notificados de que el próximo 30 de junio finalizarán sus funciones, quedando librados a la incertidumbre sobre su futuro laboral. Detrás de cada uno de esos puestos de trabajo hay familias, comercios, proyectos de vida y recursos que dejan de circular en nuestra economía local".
Apuntaron además que "este nuevo episodio no es un hecho aislado. Forma parte de una política nacional que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei, afectando a trabajadores del sector industrial, comercial, de la construcción, de servicios y ahora también de organismos y empresas vinculadas al Estado Nacional".
Agregaron: "Mientras el Gobierno Nacional celebra indicadores financieros, en nuestras localidades crecen el desempleo, la caída del consumo, el cierre de comercios y la incertidumbre de miles de vecinos y vecinas que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida".
"La privatización de Corredores Viales no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que aumenta significativamente la cantidad de estaciones de cobro, pero no contempla obras significativas en las rutas nacionales que se encuentran totalmente abandonadas", apuntaron.
Finalmente, solicitaron al Gobierno Nacional que "arbitre los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados y exigimos que las empresas concesionarias asuman el compromiso de preservar los puestos de trabajo existentes. El trabajo no puede ser la variable de ajuste".