Finalizó la audiencia pública que convocó el Gobierno Nacional para fijar nuevos importes del servicio. De dicha audiencia participaron representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia que solicitaron que se respeten los principios de razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.
En las audiencias públicas se analizó el costo del precio del gas a boca de pozo, los subsidios que se deberán destinar al sector, la actualización del transporte y la distribución de ese insumo mediante un cuadro tarifario, y exigió que los bonaerenses paguen tarifas justas de gas.
Durante las jornadas, convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Regulador del Gas, el organismo que conduce Guido Lorenzino estuvo representado por su secretario de Obras y Servicios Públicos, Gastón Arias, quien manifestó que “los aumentos llevados a cabo entre 2016 y 2019 fueron desmedidos y confiscatorios” y que “las subas se iban a traducir en inversiones para ofrecer un mejor servicio, cosa que sabemos que no sucedieron”.
Además, señaló que “la producción de gas debe ser considerada como parte del servicio público”, y agregó que “es necesario que se respeten las tarifas con los principios dispuestos en la causa CEPIS, de razonabilidad, progresividad y proporcionalidad”. En esa línea, el funcionario también hizo hincapié en la importancia de concurrir a las audiencias públicas, como siempre lo hizo la Defensoría, sentando postura en beneficio de los sectores más vulnerables.