En medio de la controversia generada por el derrame de lixiviados en el arroyo Tapalqué -que desembocó, entre otras cosas, en el despido de un empleado de la empresa Malvinas Argentinas-, este martes los trabajadores del área iniciaron un paro por tiempo indeterminado y a 24 horas del inicio del mismo, la empresa emitió un comunicado.
Fue en las primeras horas de este martes que los trabajadores decidieron poner en marcha la medida de fuerza y suspender las tareas de barrido y recolección “hasta que se haga efectiva la reincorporación de compañero desvinculado”, por lo que se apostaron afuera de la empresa en forma de manifestación a la espera de la audiencia que se realiza esta mañana en el Ministerio de Trabajo.
Este miércoles, luego de sostener que el reclamo que inició este martes se trata de una “violación de la conciliación obligatoria” acordada, la empresa Transportes Malvinas SRL realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y una denuncia penal, tal como había anticipado que lo haría.
“Hemos denunciado esta situación ante el propio Ministerio de Trabajo y paralelamente realizamos la correspondiente denuncia penal, solicitando la urgente intervención de la UFI de turno a los efectos de que se ordene la inmediata desobstrucción de nuestra base operativa y se desbloquee el ingreso al relleno sanitario”, se indicó en el comunicado de la empresa.
Asimismo, Malvinas indicó que los “trabajadores” no respetaron a la empresa ni a la agrupación gremial que no apoya el reclamo, que definieron como una “alocada aventura”.
“Han hecho caso omiso a las autoridades policiales quienes en reiteradas ocasiones les han solicitado el despeje del ingreso a la empresa permitiendo así la realización de los servicios, y fundamentalmente han tomado como rehenes a toda la comunidad de Olavarría privándolos de la prestación de un servicio Público esencial como lo es la higiene y recolección de residuos”, agregaron.
Posteriormente se recalcó que este miércoles la empresa se presentará en la audiencia con el Ministerio de Trabajo y se le solicitó al Ministerio público Fiscal que -conforme a las facultades legales que posee- “ordene el inmediato cese de las acciones y desalojo de las instalaciones” para “cumplir con los servicios y garantizar las condiciones sanitarias y medioambientales a toda la comunidad”.
“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para la resolución de este conflicto en los plazos más cortos que sean posibles sin que ello implique ceder ante la extorción y la violencia. Pedimos nuevamente disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y solicitamos no sacar residuos a la vía pública hasta que los servicios sean reanudados”, finalizó el comunicado.