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“Traeme los repuestos”: así operaba la banda narco que vendía cocaína en Olavarría

Comenzó el juicio a los hermanos Cairo y cinco integrantes más de la organización. Operaban ante pedidos telefónicos de ocasionales clientes y distribuían la droga a modo de delivery o al menudeo.

Comenzó el juicio en el Tribunal Oral de Mar del Plata a los hermanos Cairo, y cinco personas más, acusados de vender cocaína en Olavarría. La causa inició en 2014 con varias denuncias a la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

 

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli, comenzó a juzgar este viernes a siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Olavarría. Esta banda operaba ante pedidos telefónicos de ocasionales clientes y distribuía la droga a modo de delivery o al menudeo.

 

Para dar inicio al debate, el fiscal general Juan Manuel Pettigiani leyó la teoría del caso en al que acusa a Pablo Rubén Cairo de comandar la organización: dirigía un esquema en el que, a través de Alejandro Héctor García, se distribuía cocaína a diversos vendedores, quienes posteriormente realizaban la comercialización con otras personas que se comunicaban por mensaje de texto o WhatsApp, y mediante referencias encriptadas, pactaban los encuentros para entregar y recibir la droga.

 

 

Los vendedores involucrados en la causa son: Hugo Martín Paroli, Gerardo Omar Pacheco, Matín Leal y Ramiro Oscar Jouandon. Por su parte, Marcos Aaron Cairo –hermano de Pablo- habría cumplido funciones de ocultamiento y fraccionamiento del estupefaciente que luego era entregado a García, para continuar con la cadena ilícita. Están acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

Al momento de requerir la elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal detalló la modalidad de venta y entrega de estupefacientes por los eslabones inferiores de la organización y describió –con especificaciones de tiempo, modo y lugar- múltiples momentos y episodios que resultan ilustrativos de los que constituyó una actividad constante a lo largo del período investigado.

 

El expediente cuenta con intervenciones de comunicaciones telefónicas cortas de algunos de los acusados con distintas personas para pactar lugares de encuentro, generalmente esquinas; y hasta se detectó el reemplazo entre integrantes de la organización en el manejo de celulares. Para Santiago Eyherabide,  fiscal a cargo de la instrucción de la causa las interceptaciones telefónicas dispuestas –junto al total del material probatorio- se desprenden “conductas vinculadas con la comercialización de estupefacientes”.

 

Una estrategia repetida a la hora de encriptar las consultas para la compra de cocaína, de acuerdo a la reconstrucción fiscal, fue la utilización del término “repuesto”. Por ejemplo, se detectaron mensajes como “estoy esperando que me lleguen los repuestos, llámame en 20”, o “yo estoy en el departamento, si vos podés acércame un repuesto”.

 

En un pasaje del requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal expresó: "Nadie ofrece algún 'repuesto' de nada en su vida cotidiana. Los repuestos no son propios de una tienda de ropa o de una rotisería, ni de darle una mano al hermano en negocios o changas (como las actividades económicas a las que dijeron dedicarse los acusados o su grupo familiar)”.

 

“Qué podría ser el mentado repuesto del que sólo cabe mencionar su nombre sin decir qué clase de repuesto de qué aparato ni una marca, ni nada. En qué actividad alguien vende un solo objeto en especie, marca y calidad, de modo que sólo basta para coordinar transacciones con este término de clase. Tan único es que en ocasiones sólo hace falta hablar de cantidades de ese producto único, homogéneo. Más difícil de explicarse aún, qué clase de repuesto deja de venderse por número entero y se pasa a vender de a 1,5", agregó.

 

De acuerdo siempre a la hipótesis de la fiscalía, la organización compraba la droga en la Ciudad de Buenos Aires. Un informe policial que se encuentra dentro de la causa indica que Pablo Cairo junto con Alejandro García han viajado con ese destino por un lapso no mayor a 24 horas y siempre en horario de madrugada. “Este extremo resultó más llamativo, si se tiene en cuenta que ambos apagaban sus teléfonos celulares al momento de llegar a Buenos Aires, lo que bloquea un posible rastreo por medio de activaciones de celdas telefónicas”, reparó el Ministerio Público Fiscal.

 

Denuncias anónimas y miles de dosis de cocaína secuestradas

 

La causa inició en 2014 en la justicia provincial a raíz de una denuncia anónima realizada ante la línea telefónica de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En aquel fuero se acumularon tres investigaciones preliminares donde estaban siendo investigadas las mismas personas por los mismos hechos.

 

Sin embargo, una conexión con otra investigación que tramitaba en la Fiscalía Federal de Azul llevó al Juzgado de Garantías del fuero ordinario interviniente a declinar la competencia. La investigación cayó en manos de la Fiscalía Federal de Azul, que el 13 de noviembre de 2018 solicitó una docena de allanamientos y requisas de automóviles en Olavarría y uno en un domicilio de Azul.

 

 

El hallazgo de cocaína, para el Ministerio, “confirma el sentido de las conversaciones, contactos y conductas observadas a lo largo de la investigación”. “Su cantidad y forma en que se encontraba acondicionada y ocultada, no resulta compatible con el consumo personal, ello sumado a los demás elementos colectados resultan prueba acabada de la operación investigada”, indicó al reconstruir los hechos en la acusación.

 

De hecho, explicó, "en la quinta de Bella Vista, propiedad de Pablo Cairo y donde se detuvo a Marcos Cairo, se encontró más de 100 gramos de cocaína, en un trozo compacto junto con una balanza de precisión y recorte de nylon similar al utilizado para contener las dosis ya armadas". Y menciona la acusación fiscal, que además "en los restantes sitios, si bien la cocaína se halló fraccionada, la forma en que la misma estaba acondicionada (bolsas en dosis de consumo contenidas por otras bolsas) también resulta demostrativa de su posesión para comercio".

 

El peritaje practicado por la División Laboratorio Científico y Pericias de la Policía Federal Argentina en Mar del Plata arrojó que se trataba efectivamente de cocaína en todos los casos secuestrados, y que del material se podrían preparar entre 1293 a 2590 dosis con efecto estupefaciente para un adulto normal.

 

La evolución patrimonial

 

A lo largo de la investigación, se pudo observar que los imputados “constantemente” cambiaban de vehículos, generalmente mejorándolos, y adquirían propiedades. Por ejemplo, García se trasladó de un departamento alquilado a una importante casa de su propiedad. De cualquier forma, de acuerdo a la hipótesis fiscal, “se aprecia que sin lugar a dudas el beneficio mayor era percibido por Pablo Cairo, quien resultó poseedor de un número importante de propiedades y de vehículos”.

 

De hecho, en la causa consta un trabajo realizado por la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sobre la evolución patrimonial de los acusados, en el periodo en que la organización habría actuado.

 

 

Entre sus resultados arrojó que Pablo Cairo posee una inconsistencia patrimonial que asciende al menos a más de 20 millones de pesos, y de Marcos Cairo y Alejandro García por alrededor de un millón y medio de pesos. Estos montos, aclara el informe, fueron calculados conforme al patrimonio declarado, valuaciones fiscales y sin computar consumos de tarjetas de crédito, viajes al exterior, gastos de costo de vida y gastos no registrados, lo que desde ya “acrecentaría las inconsistencias patrimoniales señaladas”.

 

En cuanto a Pablo Cairo, del informe de la fuerza policial actuante surge que existen además un número importante de propiedades que no se encontrarían a su nombre pero que él, cuanto menos, las usufrutuaría. Esto se ve corroborado por los resultados del allanamiento realizado en una inmobiliaria, donde se secuestraron al menos 12 carpetas de alquileres vinculados con el principal acusado, y con la documentación secuestrada en un Fiat 500.

 

Estos indicios han dado lugar a la formación de una causa por el delito de lavado de activos, en trámite por ante el Juzgado Federal de Azul, pero resultan relevantes como indicadores de la actividad ilícita investigada.

 

 

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