Ignacio Cerdera
@nachocerdera
Realmente son pocos los puntos en común cuando se habla de seguridad y menos aún en materia de prevención. Sin embargo, desde hace ya un tiempo se pueden advertir dos que son sugeridos desde los distintos lados de la mesa. Uno ya tiene cierta data y tradición en la ciudad, y lo son las cámaras de seguridad.
Nuestra ciudad cuenta actualmente con un centro de monitoreo dotado con alrededor de 270 cámaras de seguridad. Los reclamos por extender el sistema provienen desde distintos puntos no sólo de la ciudad sino también de todo el partido de Olavarría. Sin embargo, todo se encuentra sujeto más a cuestiones presupuestarias, técnicas y tecnológicas que estratégicas en materia de seguridad. En otras palabras, la extensión del cableado o del sistema satelital para el abastecimiento y la comunicación de las cámaras son vallas cada vez más duras para sortear, más aún con la inestabilidad cambiaria que rige los precios de cada uno de esos dispositivos o recursos.
Lo concreto es que desde hace ya un tiempo comenzó a tomar protagonismo otro actor, que parece ganar cada vez más preponderancia. Si bien su rol parece más bien reciente, el proyecto de sumarlo tiene varios años de data aunque recién fue en en junio del 2017 cuando desembarcó de manera concreta en la ciudad, más precisamente en el barrio Independencia e Ituzaingó.
Se trata de los denominados módulos de seguridad, containers que han sido reacondicionados para funcionar como oficinas administrativas o una suerte de comisarías en este caso. Esos dispositivos ofrecen todas las comodidades básicas y sin dudas el principal beneficio que ofrecen es más bien de carácter estratégico. La facilidad de ser trasladado e instalado a sectores de conflicto es sin duda el principal rasgo distintivo.
La colocación del mismo no requiere más de una base firme de concreto y el acceso a suministro eléctrico. Su ubicación responde al estudio del mapa del delito -algo que también ya tiene años de data- y en eso se explica su ubicación tanto en el barrio Independencia como en el barrio CECO. La premisa, también estratégica, responde a acortar las extensas jurisdicciones que tienen que abarcar las dos comisarías locales, algo que ya fue abordado en anteriores informes.
Cómo funcionan
El presente informe surge a partir de la reiteración en el pedido de este tipo de dispositivos, el más reciente hace pocos días tras una reunión realizada en Colonia Hinojo, según logró conocer Infoeme. El planteo es el aludido líneas más arriba, acortar distancias ya que esa localidad depende de la subcomisaría de Hinojo. El pedido, asimismo, se suma a otros dos que se explican de la misma manera: uno en la zona de los barrios AOMA y los Sauces y, el restante, en el barrio Belén. El primer sector o barrios, para dar una idea de las zonas a cubrir, pertenece a la subcomisaría de Loma Negra, de la cual distan varios kilómetros. El segundo, por su parte, integra la jurisdicción de la comisaría Primera, siendo la misma ecuación en cuanto a distancias.
Los beneficios, ya luego de su instalación, también son varios. El primero, y quizás obvio, el incremento en la prevención que genera de por sí. Luego la presencia de un efectivo las 24 horas en ese lugar, lo cual permite la comunicación directa con el centro de emergencias, además de permanecer allí para dar cuenta de aquella información que los vecinos le acerquen. También forma parte de las labores preventivas en cuanto al estudio de los movimientos del lugar, según se añadió.
El otro punto clave es lo que se realiza desde el Comando de Patrullas, la fuerza abocada a las recorridas de la ciudad, que tiene estos dispositivos como punto de inicio y cierre de cada patrullaje. Lo mismo con los efectivos de la policía Local que tiene como marco de acción cada uno de los barrios mencionados. Entre los puntos a favor también se encuentra la consideración de los vecinos. Si bien marcaron aspectos a mejorar, también refirieron que desde la implementación se han visto mejoras en cuestiones preventivas.
En la actualidad hay ya gestiones formales ante la provincia para facilitar el arribo de estos dispositivos. La demora responde, entre otra serie de factores, al pedido similar de varios municipios. En ese sentido se detalló que se está dando una suerte de cambio de paradigma y que este tipo de dependencias serían las que se utilizarían de acá a futuro en las fuerzas de seguridad.
Además de los beneficios ya aludidos, y lo que será sujeto de futuros informes, también no debe eludirse lo barato de su mantenimiento teniendo en cuenta los gastos que se afrontan de alquileres y servicios de las actuales dependencias policiales con fondos públicos.