El Gobierno anticipó este lunes que el 20% de las facturas de gas de los hogares correspondientes a los meses de mayo a septiembre se diferirá para ser incluido en las boletas que se recibirán a partir de diciembre sin intereses.
La decisión política sucede al pronunciamiento de la dirigencia radical en el que se reclamó una revisión de los aumentos de tarifas de gas, luz y transporte, y a trascendidos desde el ala política del Gobierno sobre la preocupación originada por los incrementos tarifarios en los meses preelectorales.
El diferimiento para los usuarios fue anunciado tras una reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, en la que participaron por el oficialismo Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Humberto Schiavoni; por la UCR, Gerardo Morales, Luis Naidenoff, José Cano y Ricardo Colombi; y por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin.
El anticipo tiene la particularidad de conocerse antes de que estén definidas las tarifas que regirán desde el 1 de abril. En principio, en la Secretaría de Energía planean un aumento del 30% desde esa fecha, pero el número definitivo todavía no puede precisarse.
Eso es así porque el valor del gas a trasladarse a las tarifas se definirá según el tipo de cambio promedio de la primera quincena de este mes. En las estimaciones que presentaron las distribuidoras en audiencia pública se calculó que la suba sería del 32% con un dólar promedio en la quincena actual de $39,45, lo que viene siendo superado en los días trascurridos hasta ahora.
Además, si el aumento se mantiene entre un 30% y 35%, hay que sumarle la suba del 50% aplicada en octubre pasado, lo que arroja un acumulado del 85%, que llega hasta superar el 100% para los usuarios de consumos medios.
El diferimiento del 20% es una forma de aplanar la factura, pero no es tarifa plana como viene reclamando la UCR. Para que la tarifa sea plana deben sumarse los consumos en metros cúbicos de todo el año y dividirlo por 12 para emitir boletas mensuales todas iguales, hasta que al empezar un nuevo año se compara lo pagado con lo efectivamente consumido y se cobra la diferencia al usuario o se le hace el reintegro.
La tarifa plana tiene un costo financiero mucho más alto que el diferimiento del 20% que esta vez quedará a cargo del Estado. Las empresas, tanto petroleras como distribuidoras y transportistas, se negaron en febrero de 2018 a hacerse cargo del gasto que implica la factura plana y el sistema no pudo aplicarse.
Fuente: Ámbito Financiero