Diferentes unidades académicas y programas de investigación y vinculación comunitaria que forman parte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) dieron a conocer un comunicado en el que manifiestan una “profunda preocupación por las condiciones de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”.
El documento que va en sintonía con las denuncias realizadas desde la Comisión por la Memoria de la Provincia lleva la firma de la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y Facultad de Arte. También cuenta con el acompañamiento de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Programa Universidad en la Cárcel de la Secretaría de Extensión. UNICEN, y los siguientes Programas de la Facso: Educación en Contextos de Encierro; Economía Social Solidaria y Popular y el Programa Interdisciplinario Chesida.
A continuación el documento completo:
“Habiendo tomado conocimiento de las acciones llevadas adelante por la Defensoría General de Azul (PBA) con motivo de relevar la situación alimentaria en las cárceles bonaerenses, manifestamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, en particular aspectos que atañen a la falta de alimentos; atención a dietas por temas de salud; hacinamiento y sobrepoblación; atención de la salud de las y los detenidos entre los que se encuentras estudiantes de nuestra Universidad.
Es de conocimiento público el aumento desmesurado de la población detenida en las cárceles provinciales en los últimos dos años. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), -Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires- para noviembre de 2019, había 47.610 personas detenidas bajo custodia del SPB, un 9% más que en noviembre de 2018.
De esas 47.610, solamente 1.969 (4%) tenían arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El resto detenidas en cárceles y alcaidías. Según el cálculo de la CPM, eso significa un 119% de sobrepoblación.
La CPM señala además que constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre, esta situación ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia. La Defensoría General de Azul señaló que en diferentes unidades penales bajo su jurisdicción pudo constatar una grave situación de desabastecimiento.
Entendemos que esta situación es fruto de diferentes aristas que llevan a que en este momento las cárceles de la Provincia de Buenos Aires estén en esta situación, que es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires.
Es por ello que solicitamos a los poderes del Estado provincial y nacional a regularizar la situación y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas tal como prescribe nuestra Constitución en su artículo Nº18 que dictamina que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.