Controlar el ingreso de celulares a las cárceles pareciera ser hoy una tarea infructuosa. Un caso emblemático resulta el de las fotos que se sacó la joven Nahir Galarza, detenida en la Unidad Penal de Mujeres Nº 6 de Paraná, Entre Ríos, y que publicó directamente en Facebook, tras reactivar su cuenta.
En tanto, resultado de las requisas realizadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en los penales de la provincia, se incautaron en los últimos cuatro años cerca de 90 mil teléfonos celulares en poder de las personas privadas de su libertad. Según los datos oficiales en 2016 se secuestraron 20.655 teléfonos; en 2017, 24.637; en 2018, 25.106 y en lo que va de 2019, 18.679.
Los teléfonos celulares están prohibidos expresamente por la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, la 24.660. "Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles", señala el artículo 160, y agrega que la violación a la prohibición será considerada "falta grave", de acuerdo a los términos del artículo 85 de la misma normativa.
Es sabido que los celulares ingresan en general por los visitantes a los reclusos, que en general logran esconderlos o evadirlos de las requisas. La ley 18.679 también establece que de encontrarse algún elemento no permitido, las visitas serán inmediatamente suspendidas.