La senadora bonaerense del peronismo, Gabriela Demaría, ingresó un proyecto de ley para darle más poder a los consumidores y usuarios de la provincia de Buenos Aires, con la incorporación de tres nuevos lugares a los que pueden recurrir para denunciar vulneraciones de derechos.
La iniciativa de Demaría, modifica el artículo 26° del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para que, cuando los bonaerenses resulten “amenazados o afectados”, puedan interponer las acciones correspondientes ante el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, y la Autoridad de Aplicación de la Ley que decida el Gobierno provincial.
Actualmente, el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley N° 13.133) solo permite a los bonaerenses ir a tomar cartas en el asunto frente a avasallamientos de derechos en las Asociaciones de Consumidores registradas en la provincia, en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, o bien hacerlo de forma individual o colectiva.
A través de este proyecto, Demaría suma a esas tres opciones el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, y la Autoridad de Aplicación de la Ley, al considerar “necesario y oportuno ampliar este espectro para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar un acceso a la justicia más amplio y efectivo en materia de consumo”.
“La dinámica actual de las relaciones de consumo, la masividad de ciertas prácticas comerciales y la complejidad de algunas afectaciones a derechos de incidencia colectiva demandan la participación activa de otros actores institucionales con roles específicos en la defensa del interés público y los derechos ciudadanos”, mencionó la legisladora del peronismo.
En este sentido, Demaría justificó la ampliación de lugares para que los usuarios y consumidores puedan denunciar amenazas en sus derechos al mencionar que, con la designación de una Autoridad de Aplicación en materia de consumo, el Gobierno provincial podrá ejercer sus administrativas sancionatorias y promover acciones judiciales colectivas para frenar las conductas lesivas y reparar los daños.
En cuanto al Defensor del Pueblo, la senadora por la Quinta sección mencionó que la institución tiene un rol fundamental de los derechos humanos y los intereses de la comunidad. “Su legitimación activa en causas de consumo es una herramienta coherente con sus funciones y potenciará la protección de las personas frente a abusos o incumplimientos”, remarcó.
Asimismo, la titular de la comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras, subrayó que la intervención que tenga el Ministerio Público bonaerense será “crucial” ante situaciones de consumo que afecten el orden, la legalidad o los derechos de incidencia colectiva. “La explicitación de su legitimación en esta materia refuerza su capacidad de actuación en defensa de los intereses generales de la sociedad y de los grupos más vulnerables”, destacó.
“La ampliación de la legitimación activa que se propicia no solo se alinea con las tendencias más modernas en materia de acceso a la justicia y protección de derechos colectivos, sino que también busca dotar al sistema provincial de defensa de las personas usuarias y consumidoras de mayores herramientas para prevenir y remediar eficazmente las vulneraciones a sus derechos. Esta medida contribuirá a un sistema más robusto, participativo y con mayor capacidad de respuesta ante las problemáticas de consumo”, cerró Demaría.