La contadora Gabriela Weisburd habló con Claudia Bilbao en Radio M este miércoles y detalló las acciones llevadas a cabo desde el inicio de la intervención de la sindicatura que ella encabeza en ‘la fallida’, a pedido de la jueza María Hilda Galdós desde mediados de 2023, en el marco de la deuda del "Diario El Popular".
La contadora consideró "prácticamente insolvente al último de los administradores de la empresa, Lucas Torres" y señaló que "se ha podido reconstruir cómo distintas sociedades compraron y vendieron acciones, dejando como resultado una empresa sin bienes, lo que podría entenderse como un vaciamiento".
En ese sentido, manifestó que la síndica que estableció la Justicia, prevista en la Ley de Quiebras, para llevar adelante el proceso a pedido de uno de los trabajadores al que no se le cumplió con el acuerdo de salida, explicitó las razones por las cuales "muchas personas se quedaron sin trabajo".
Weisburd, afirmó que continúan con las tareas para establecer responsabilidades: "podrían existir en la venta de las acciones, por eso se busca recaer en todas las empresas que han actuado".
Añadió que "son varias las empresas que se vendieron, se volvieron a vender y hasta hay algunos con juicios de cobro". La última empresa que figura como propietaria es Chelsea SA y en "el último tiempo se vieron un montón de irregularidades que debe analizar el Juzgado y las partes involucradas".
Todas esas cuestiones serán materia de investigación de la jueza María Hilda Galdós del Juzgado Civil y Comercial que interviene.
"El pasivo es de $197 millones pero hay que sumarle los juicios en el Tribunal del Trabajo", aclaró la contadora y expresó que "es imposible pagar con los bienes que hay porque las maquinarias no se pueden vender al valor original de compra".
Asimismo, Weisburd recordó que "intentaron continuar trabajando una vez dictado el decreto de quiebra, debido a lo que presentaron quienes se habían hecho cargo". En agosto de 2023, los "empresarios solicitaron una vuelta atrás de la quiebra a concurso, para poder ser ellos quienes manejaran la empresa y no la sindicatura, pero la jueza no hizo lugar".
En septiembre "fue decretada la quiebra definitiva, sin embargo una investigación reveló que han intentado rescatar bienes que estaban en otro lugar, para tratar de hacer algo" porque "lamentablemente los más perjudicados fueron los empleados".
Al proceso de quiebra se presentaron 39 acreedores y la síndico estimó que "se agregarán más con el avance de los juicios en el fuero laboral, el plazo de presentación estará abierto por dos años".
En concreto, Weisburd sostuvo que "si no se ha cumplido con lo dispuesto por la ley de sociedades, se elimina la cuestión de lo limitado de este tipo de empresas, es decir: Los integrantes de las sociedades que se estudian que han participado, pueden tener que responder con sus bienes personales".
