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Duro informe de la Comisión por la Memoria sobre Cumelén

Luego de una inspección del organismo Provincial que intervino tras el suicidio de un adolescente y denunció graves violaciones a los derechos humanos, se conoció el resultado de dicha intervención.

Foto de archivo.

El 9 de agosto de 2021, la Comisión Provincial por la Memoria comenzó con la inspección de la comunidad terapéutica Cumelén tras el suicidio de un adolescente acontecido un mes antes del procedimiento. El resultado de dicho proceso se conoció a través de un extenso informe que presentó el organismo provincial. 

 

La comunidad terapéutica de Cumelén tenía autorización del Ministerio  de  Salud  “para  su  funcionamiento  como  establecimiento  asistencial de deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y reinserción de pacientes  drogodependientes,  con  una  capacidad  para  31  personas” indicaron desde la Comisión y aclararon: “ Allí se detectaron graves violaciones a los derechos humanos de los 26 jóvenes alojados de entre 14 y 18 años”.

 

El informe correspondiente a Cumelén, detallado desde la página 602 en adelante, detalló que al momento del arribó de la Comisión Provincial por la Memoria, debido a la pandemia los jóvenes que ingresaban “a la institución debían permanecer aislados durante aproximadamente 10 días en un espacio de tránsito”. Acto que los dejaba apartados del resto de la comunidad, en soledad total.

 

Pese a la enorme matricula que contenía el espacio y con adolescentes de diferentes rangos etarios “no había distinción entre usuarios mayores de edad y niños o adolescentes,  todos  estaban  alojados  juntos”.  

 

A esto, había que sumarle, según detalla uno de los párrafos del documento que “la  mayoría  de  los  niños  estaban  tomando  cantidades  abrumadoras  de medicación”  y en la mayoría de los casos “no  sabían  qué  medicación  se  les  suministraba,  desconociendo  sus posibles efectos secundarios y se les negaba el acceso a la información sobre la posibilidad de otra estrategia acorde a su situación de salud mental”.

 

Otro de los puntos destacados sobre las aberraciones cometidas al interior de este espacio es que, según el relato de los propios jóvenes eran víctimas de una violencia sistemática ejercida por los operadores.

 

“Muchos denunciaron que era una práctica constante que el subdirector los violente, amenace o insulte. Además, en ocasiones, les inyectaba de medicación forzosamente frente a conflictos y reclamos por  lo  cual  su  figura  siempre  despertaba  temores”, precisaron.

 

Los operadores, también fueron señalados porque “incentivaban que algunos jóvenes agredieran a otros y/o eran cómplices de golpizas, por inacción frente a peleas que suceden a los gritos y en espacios visibles. Incluso, uno de ellos refirió que un  joven  había  sido  víctima  de  abuso  sexual”.

 

Además de que los niños y adolescentes indicaron autolesionarse con intenciones de suicidio, desde el organismo provincial constataron que “tampoco se había trabajado la posvención frente al suicidio de un niño de 13 años en la institución, ocurrido el 14 de julio de 2021, casi un mes antes de la inspección”.

 

En este sentido se comprobó, también, que “no se llevaba a cabo un plan de externación” así como tampoco “se relevaron estrategias tendientes al sostenimiento de lazos familiares”. “El vínculo de los jóvenes con sus familias no solo era obstaculizado por la comunidad, también podía ser suspendido ya que una de las sanciones consistía en prohibir llamados o visitas”, puntualizó el informe.

 

En cuanto al edificio en el que eran alojados, el organismo provincial identificó “un deterioro en todas las instalaciones” que incluso impedían que los jóvenes tengan “espacios de privacidad e intimidad” así como también “tener pertenencias propias que no revisara el personal de la institución”.

 

Al final del informe, el organismo Provincial detalló que “se presentó un habeas corpus  colectivo  ante  la  Cámara  de  Apelación  y  Garantías  y  se  formuló  la denuncia penal en la Fiscalía General, solicitando la clausura de la comunidad terapéutica” además “se dio intervención también al OPNyA, CNPT, el Ministerio  de  Salud  y  la  Defensoría  de  NNyA”.

 

“Debido  a  estas  presentaciones,  el  18  de  marzo  de  2022  desde  el  Ministerio  de  Salud  informaron  que  la  Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria había dispuesto la baja el establecimiento y, por lo tanto, la institución dejaba de funcionar”, concluyó.

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