La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió la clausura de la Comunidad Terapéutica Cumelén de Olavarría “por graves violaciones a los derechos humanos”.
El organismo denunció "el suicidio de un joven, un caso de abuso sexual, precarias condiciones edilicias, sobremedicacion, falta de dispositivos para contener intentos de suicidio, mala alimentación y desatención de la salud".
Desde la CPM advirtieron que "en el lugar no se cumple la ley de salud mental ni la ley de promoción y protección de derechos del niño". Por eso, solicitaron al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) la clausura de la comunidad, se realizó una denuncia penal y se presentó un habeas corpus colectivo. El organismo provincial dispuso el realojamiento de los jóvenes en establecimientos adecuados.
Luego de recibir información sobre el suicidio de un joven y una denuncia por abuso sexual, la CPM realizó una inspección a la comunidad terapéutica Cumelén y entrevistas de confidencialidad con los jóvenes que permanecen allí alojados, revisaron sus legajos e historias clínicas y relevaron las condiciones materiales de todas las instalaciones.
"Este trabajo permitió constatar la existencia de graves violaciones a los derechos humanos que ponen a los jóvenes allí alojados bajo padecimientos crueles que persisten de manera sistemática. Entre los más significativos se encuentra la ausencia de dispositivos que permitan contener los intentos de suicidio, algo especialmente grave si se considera que la mayoría de los entrevistados manifestó haber tenido intentos de suicidio y/o haberse provocado autolesiones. También se pudo constatar el caso de otro joven que fue víctima de abuso sexual mientras se encontraba bajo los efectos de una sobremedicación que lo paralizó completamente", dijeron a través de un comunicado.
"A estas graves situaciones se suman además la violencia sistemática que los jóvenes reciben por parte de los operadores y autoridades de la comunidad, bajo agresiones físicas directas como modo de castigo o porque incitan a las peleas entre los propios internos"., agregaron.
Según la CPM, "el régimen de vida es extremadamente violento y punitivo, atravesado por la lógica del castigo y la despersonalización. No hay distinciones entre mayores de edad y niños, estando todos alojados en conjunto". Además señalaron que "tampoco se evidencia un abordaje personalizado, humanizado y/o en vinculación con las trayectorias de vida de los jóvenes y la posibilidad de trabajar de conjunto en la realización de un proyecto de vida posterior al alojamiento en Cumelén. Al contrario, todos los jóvenes atraviesan el mismo mecanismo de intervención independientemente del grado de problemática con el que ingresaron a la comunidad".
Los equipos de la CPM constataron el "grave deterioro edilicio del lugar, la falta de vestimenta adecuada, la escasa y deficiente alimentación, y el casi nulo acceso a la salud en jóvenes que incluso han padecido patologías por un largo tiempo".
Por la gravedad de los hechos, la CPM envió una nota al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) en la que solicitó "una intervención urgente y una inmediata clausura" del lugar. La nota fue acompañada por un informe detallado de cada una de las situaciones relevadas junto con imágenes tomadas durante la inspección.
La CPM, integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, también puso en conocimiento de "estas graves violaciones de derechos humanos" al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, al Ministerio de Salud provincial y a la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Nación.
La CPM "ha insistido con que se profundicen auditorias exhaustivas y periódicas con perspectiva de derechos humanos" y los enfoques establecidos en la ley de salud mental y de protección de la niñez en todos los dispositivos oficiales o conveniados con el OPNyA.