El conflicto relacionado a la toma de terrenos del Barrio Lourdes dio un paso más en la mañana de este lunes después de que los delegados de las más de 100 familias que permanecen allí presentaran una carta al intendente y a diferentes organismos y funcionarios municipales.
El documento estuvo acompañado por un proyecto que los representantes de las familias en situación de crisis habitacional entregaron al Honorable Concejo Deliberante, la defensoría del Pueblo, al Juez de Garantías Carlos Villamarín y al intendente Ezequiel Galli.
“Por este medio, nos dirigimos a Usted las y los delegados de las más de 100 familias que permanecemos desde hace más de una semana en los terrenos municipales baldíos aledaños al Barrio Lourdes. Lo hacemos ante la falta de voluntad de diálogo que usted y sus funcionarios han demostrado, luego de prometer que nos convocarían a una reunión para buscar una solución a la grave problemática habitacional que atravesamos. Contradiciendo esta promesa formulada ¨de palabra¨ hace exactamente una semana, su gobierno nos denunció por usurpación y Usted mismo nos trató públicamente de delincuentes”, se lee en el documento que los referentes del reclamo le entregaron a Galli.
“En su calidad de abogado, debería saber que ¨dentro de la Ley¨ se encuentra también el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho al “acceso a una vivienda digna” que debe garantizar el Estado. Su función de gobierno, por ende, le exige realizar acciones con esta finalidad y, sin embargo, durante su gestión el déficit habitacional ha crecido. La experiencia de muchos de nosotros y nosotras es la de haber realizado pedidos de terrenos numerosas veces y durante varios años a los funcionarios del gobierno que Usted encabeza, sin recibir ninguna respuesta. En la actualidad, estamos atravesando un empeoramiento de la situación económica, social y sanitaria que nos ha impedido sostener un alquiler, seguir viviendo de prestado o compartiendo casa con otras familias en condiciones de hacinamiento”, prosigue la carta, muy similar a la que entregaron al Honorable Concejo Deliberante, la Defensoría del pueblo y el juez de garantías Villamarín.
“Tal es la necesidad de tierras y viviendas que nosotros y nosotras, integrantes de familias trabajadoras, hemos emprendido la utilización de terrenos que hasta entonces eran un basurero ilegal a cielo abierto para construir ahí nuestras casas. Nuestra principal demanda es que el Municipio ceda esos terrenos a las familias que estamos allí para empezar a dar una solución a nuestra demanda habitacional. No pedimos nada regalado, sino que estamos dispuestos a afrontar el pago de una cuota social a la altura de nuestras posibilidades económicas”, afirma el escrito.
Es por en base a estos requerimientos que los referentes del reclamo elaboraron una “Propuesta para la regulación y construcción de viviendas” que entregaron a los diferentes organismos y funcionarios junto con la carta.
“Sabemos que mañana martes 13 del corriente se realizará una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo para abordar la situación de la toma de terrenos, de la cual hemos sido excluidos. Sin embargo, allí está convocada a participar la Directora del Servicio Local quien es, a su vez, esposa del funcionario de Asuntos Legales de su gobierno, encargado de la denuncia que pesa sobre nosotros. Entendemos que es sumamente incompatible y que esta funcionaria está lejos de dar cuenta de la problemática que atravesamos y de velar por la protección de nuestros hijos e hijas. Exigimos participar de esa mesa, ya que está en juego nuestro derecho a la vivienda, así como la ejecución del desalojo que Ud. ha requerido a la Justicia. A su vez, reclamamos que sean quitados de la causa judicial los nombres de vecinos y vecinas acusados por usurpación, ya que sus datos fueron obtenidos por la Policía con engaños y mentiras”, puede leerse en el escrito.
“Sin más, esperamos una urgente y favorable resolución a nuestra problemática habitacional”, concluye.