Mientras se aguarda por la resolución de la Suprema Corte, que en la jornada de este martes resolvió de manera provisoria dispuso suspender “los efectos” del fallo que recomendaba el otorgamiento de beneficios y morigeraciones a un importante número de internos para mitigar el avance de la pandemia en las cárceles bonaerenses, Infoeme logró acceder a distintas resoluciones que dan la pauta que la situación de pandemia no ha sido suficiente, al menos en numerosos casos, para que los internos accedan a excarcelaciones o prisiones domiciliarias.
Tal cual se lo viene exponiendo desde este espacio en los últimos días, como sucedió por ejemplo a personas acusadas por violencia de género o una mujer implicada en el violento asalto a dos mujeres en Espigas, también le fue negada la prisión domiciliaria a un olavarriense que a mediados del año pasado, según se investiga, cometió un violento asalto en un kiosco 24 horas ubicado sobre la avenida Del Valle, a la altura del cruce con Laprida.
El punto en común entre cada uno de estos casos es que el pedido de beneficios fue enmarcado, precisamente, en los riesgos de contraer coronavirus en la cárcel, siguiendo las recomendaciones emitidas en el ahora cuestionado fallo del Tribunal de Casación Penal Bonaerense. Esta vez no fue la edad o el padecimiento de algún tipo de enfermedad o patología, sino el delito por el cual está detenido, reavivando la polémica entre cuales son delitos graves o no graves, uno de los principales cuestionamientos realizados por el fiscal de Casación Carlos Altuve, en un planteo que ahora está siendo estudiado por el máximo tribunal bonaerense.
El caso en cuestión se produjo en la madrugada del 7 de junio del año pasado, cuando un hombre irrumpió en el salón comercial y atacó a la encargada del lugar. El caso tuvo suma repercusión a partir de la divulgación de las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se puede ver al asaltante agrediendo a la víctima, arrastrándola y obligándola a ingresar a un depósito. Luego de ello escapó con dinero en efectivo, entre otra serie de elementos.
Pese al planteo de la defensa del acusado, Matías José Peralta, el juez interviniente, el doctor Martín Eugenio Céspedes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, entendió que el acusado se encuentra acusado por una imputación grave, ya que son dos las acusaciones en su contra, ambas por robo y uno de ellos doblemente agravado, y que por ello se encontraría sujeto a una pena en expectativa que lo ubicaría por fuera de la población beneficiada por el fallo de Casación.
El hecho fue investigado desde la fiscalía N° 7, del doctor Christian Urlézaga, desde donde también se manifestó la oposición a otorgar algún tipo de beneficio de estas características.