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Acusada por un violento asalto pidió prisión domiciliaria y le fue negada

El planteo también fue enmarcado en la pandemia pero el juez de un tribunal azuleño descartó el requerimiento. Se trata de una de las tres imputadas por el asalto a dos mujeres de Espigas.

La fiscalía se había opuesto al planteo, algo que tuvo el aval de una jueza azuleña

Pasan los días y la polémica permanece. Mucho tiene que ver la sobreinformación sobre el tema, gran parte de la misma sin certeza y elementos que la sustenten, pero lo suficiente para que una parte de la población se alarme y replique una realidad que hasta el momento no ha sido tal. La referencia va a la situación carcelaria frente a la pandemia y los pedidos de aliviar la situación intramuros mediante la liberación de internos.

 

La porción cierta de ese relato es, por un lado, la gravísima y prácticamente histórica situación carcelaria en cuanto a higiene y sobrepoblación, por solo mencionar algunos ítems. La restante, las recomendaciones emitidas desde el Poder Judicial para mitigar el avance de la pandemia. La realidad es que el Coronavirus por sí mismo no constituye un argumento suficiente para excarcelaciones o morigeraciones, tal cual se expuso en Infoeme en las últimas horas sobre la situación particular de dos personas acusadas por graves casos de violencia de género.

 

 

Desde este Diario se hicieron consultas a distintas voces sobre este tema y de esa manera se logró tener acceso a otro fallo que cosechó idéntico saldo. Se trata del planteo elevado desde la defensa de una ciudadana marplatense identificada como María Vanesa Guzmán, quien desde inicios del año pasado se encuentra detenida por el asalto a dos mujeres de Espigas. El caso tuvo repercusión no sólo por el grado de violencia contra las víctimas, ambas de más de 70 años, sino que la captura se concretó tras un importante operativo sobre la Ruta Nacional 226, siendo interceptados en las cercanías de nuestra ciudad.

 

Todo sucedió en el inicio de la tarde del 8 de febrero del 2019. Según se estableció en el marco de la instrucción llevada a cabo por la fiscalía 7 del doctor Christian Urlézaga, una mujer, que se presume que sería Guzmán, se presentó en el domicilio de las víctimas con la excusa de pedir algo donde anotar un número telefónico. Se sospecha que esa maniobra sirvió para ver la cantidad de ocupantes y movimiento del lugar, ya que minutos después no menos de tres personas irrumpieron en el lugar y atacaron a las indefensas moradoras.

 

 

Tal es así que a una de ellas se le habría colocado un cuchillo en la garganta y amenazado de muerte. Ambas fueron atadas de manos y piernas y despojadas de numerosas pertenencias, entre dinero en efectivo, cadenas y anillos de oro, además de teléfonos celulares, por sólo mencionar algo de lo robado. Afortunadamente un rápido aviso a emergencias permitió interceptar el Fiat Palio en el que se movían sobre el kilómetro 305 de la Ruta Nacional N 226, prácticamente sobre el ingreso a nuestra ciudad, recuperándose todo lo robado y llevando a cabo la captura de los acusados.

 

Ahora, un año y un poco más tarde, el caso vuelve a ser noticia enmarcado en la situación de pandemia. Vale recordar que las recomendaciones en cuanto a la denominada población de riesgo ante la pandemia incluye no solo personas de edad avanzada o con ciertas patologías, sino que también hay un apartado para mujeres embarazadas o con hijos menores bajo su responsabilidad. En esto último se encuadró el planteo de la defensa de Guzmán, desde donde no se pidió únicamente la prisión domiciliaria, sino también la excarcelación. La fiscalía al frente de la investigación del hecho se opuso a cualquier tipo de morigeración.

 

 

Por la única razón de velar por su integridad e intimidad no se ventilarán menciones acerca de la situación particular de su familia, basta con mencionar que la jueza Inés Olmedo, en representación del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Azul consideró que no se advirtió una situación de “desamparo moral ni material” y que la situación de desapego o vinculación son “factores comunes al resto de la población carcelaria”. Inclusive, se aludió a como para menguar esta situación, entre otra serie de medidas, se avaló la utilización de teléfonos celulares dentro de las cárceles.

 

El otro punto clave del fallo al que tuvo acceso este Diario se vincula de manera directa con las recomendaciones acerca de quiénes pueden acceder a los beneficios en cuanto al delito que se les sigue. En este caso la jueza entendió también que se está ante un “delito grave”, el hecho fue tipificado como “robo doblemente agravado por el empleo de arma y por su comisión en poblado y banda”, y con ello explicó que el planteo “no puedo prosperar”, algo que además se complementa con los antecedentes condenatorios de la acusada.

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