Tras el aviso del titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, finalmente la entidad denunció formalmente al Municipio de Olavarría en el Ministerio de Trabajo de la Provincia por la chance de “reducción de la planta temporaria, destajista, eventual e incluso la planta permanente” tras declarar la emergencia económica.
La denuncia, firmada por el propio García, está dirigida a la ministra Mara Ruíz Malec, y señala que “bajo el paraguas de la emergencia económica, administrativa y financiera declarada mediante el Decreto 962/20, dispone la reducción de la planta temporaria, destajista, eventual e, incluso, la planta permanente, en franca violación a la Ley. 14.656, la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional”.
En este sentido, pide al Ministerio “desde ya su urgente intervención a fin de evitar los tremendos perjuicios que se ocasionaran a los trabajadores municipales de Olavarria, máxime en el estado de emergencia declarada como consecuencia de la pandemia del COVID 19”.
Dentro de las consideracios fácticas, Fesimubo indicó que el intendente Galli, tras “colocar la culpa” en la Provincia por la situación actual, “pretende, arbitrariamente por cierto y sin ningún reflejo de solidaridad o comprensión, dejar sin trabajo a muchas y muchos trabajadores municipales”.
Tan es así, que citan textual el artículo 5 de la declaración de emergencia: “Dispónese la reducción de la planta política correspondiente del Departamento Ejecutivo y del personal de planta temporaria, destajistas y quienes tengan una relación de empleo contractual de manera eventual o permanente con el Municipio, de acuerdo a lo que el estado de necesidad y urgencia derivado de la emergencia sanitaria requiera”.
El secretario general agregó que “como lo vengo sosteniendo histórica y públicamente, los Intendentes Municipales toman de rehenes a las trabajadores y trabajadores municipales colocándolos en las más paupérrimas condiciones laborales y salariales, haciendo de la arbitrariedad el estilo de su administración”.
“La decisión del Intendente Galli, además de violatoria de la Ley 14656, la Constitución Nacional y la de nuestra Provincia, cae dentro de la definición de Miserable que efectuara nuestro Presidente Alberto Fernández, respecto de similares decisiones adoptadas por empleadores del sector privado” criticó García en la denuncia con suma dureza.
Esta situación, para cerrar, y según los dichos de García “nos impone la inexcusable obligación de adoptar todas las medidas, políticas, judiciales y de acción directa a fin de evitar se produzcan daños irreparables a las y los trabajadores y sus familias”.