Los dos acusados por el violento “homicidio criminis causa” que tuvo como víctima a una azuleña de 81 años seguirán detenidos, ya que el Juzgado de Garantías convalidó el pedido para que se disponga la prisión preventiva de ambos. Días atrás una de las nietas, quien vive en Olavarría, dialogó con Infoeme y pidió a las autoridades que se haga justicia y los implicados no recuperen la libertad.
Fue el juez Juan José Suárez, de Garantías Nº 3 de la vecina ciudad, acompañó el planteo elevado por el fiscal de la causa, el doctor Marcelo Fernández, de la UFI Nº 1. Vale recordar que en el inicio las actuaciones urgentes fueron desarrolladas por la doctora Laura Margaretic, quien fue la fiscal en turno durante la feria judicial.
Los acusados son Gabriel Ignacio Magariño y Facundo Emiliano López, de 19 y 22 años respectivamente. El dato es que sólo el primero de ellos es de la vecina ciudad, con el agravante que se trata de un joven en el que la víctima había depositado sumo cariño y apoyo. Tal cual narró su nieta a este Diario, ella lo ayudaba de distintas formas, llegando inclusive a contratarlo como chofer, teniendo en cuenta los problemas de movilidad que presentaba. Es por ese conocimiento también que se sospecha que la mujer le habría permitido el ingreso a la casa el día de los hechos, ya que no fueron halladas señas de violencia en puertas o ventanas.
En ello también se explica que en un primer momento se creyó que la muerte se habría dado en un accidente doméstico, en una desafortunada caída en el patio. Luego los familiares comenzaron a descubrir distintos faltantes, una sospecha que se confirmó tras la autopsia a los restos de Celia Wagner, que arrojaron que la mujer fue brutalmente asesinada de un golpe con un hierro en la cabeza, entre otra serie de lesiones que presentaba en distintas partes de su cuerpo.
Las detenciones se lograron pocas horas más tardes y en ello fueron clave el análisis de cámaras de seguridad de domicilios linderos, en los que pudo verse cómo los acusados cargaban los elementos en un auto que también fue identificado e incautado. La imputación es por el delito de “homicidio criminis causa”, una figura que contempla penas de hasta prisión o reclusión perpetua.