La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva de cinco hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de cables subterráneos en Olavarría, Azul y otros distritos de la región, maniobras que provocaron la interrupción del servicio de comunicaciones y afectaron a cerca de mil usuarios. No obstante, los jueces redujeron de 90 a 40 días el plazo de la medida de coerción.
De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la decisión fue adoptada por los jueces de revisión Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, en el marco de la investigación que lleva adelante la Sede Fiscal Descentralizada de Azul. La audiencia se realizó a raíz de las impugnaciones presentadas por las defensas contra la prisión preventiva dispuesta el 8 de mayo respecto de los imputados por el juez de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio.
Por el momento son seis las personas investigadas: cinco hombres -que permanecen detenidos- y una mujer, que continúa en libertad. Cuatro de los implicados ya habían sido formalmente imputados en noviembre, cuando fueron sorprendidos mientras robaban cables subterráneos en Olavarría. En aquella oportunidad se les había dictado la prisión preventiva, aunque luego los jueces de revisión revocaron la medida.
Sin embargo, el avance de la investigación permitió identificar nuevas maniobras y a otros presuntos integrantes de la organización. En ese marco, el 6 de este mes se realizó un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Avellaneda, donde fue detenido un quinto sospechoso y se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, consigna el sitio “Fiscales”.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la evidencia reunida robusteció el caso y derivó en una modificación de la calificación legal, que pasó a encuadrarse en el delito de asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
Banda organizada
La causa, que se desarrolló durante varios meses, apunta a una estructura delictiva organizada que operó de manera coordinada y con una logística especialmente preparada para concretar los hechos. entre los meses de septiembre y noviembre de 2025.
Los acusados utilizaban como cobertura a la empresa Áridos A&A S.R.L., dedicada formalmente al transporte de materiales de construcción. A través de esa firma, se habrían simulado cargas legales para trasladar grandes cantidades de cobre robado sin despertar sospechas en los controles viales.
Se determinó que existía una distribución específica de tareas dentro de la organización. Con el avance de la investigación, la Justicia identificó como presuntos integrantes a Rafael Claros, María Lisboa Añón, Sergio Lisboa, Héctor Cincioni, Richard Rodríguez López y Carlos Gutiérrez, quienes habrían cumplido distintos roles dentro de la estructura criminal investigada.
La modalidad incluía trabajos de inteligencia previos, relevamientos en cámaras subterráneas y alcantarillas pertenecientes a Telefónica, monitoreo de movimientos policiales y posteriores operativos de extracción.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el sofisticado sistema utilizado para concretar los robos. Para las maniobras se utilizaban vehículos especialmente modificados, entre ellos utilitarios y camiones equipados con orificios ocultos y malacates mecánicos que permitían retirar grandes extensiones de cable hacia el interior de las unidades sin ser detectados.
La investigación también señala que algunos integrantes descendían a túneles y cámaras subterráneas utilizando escaleras y herramientas específicas para realizar cortes técnicos sobre cables de gran diámetro, una tarea que requería conocimientos y experiencia debido a los riesgos eléctricos.
Posteriormente, el material sustraído era trasladado hacia el conurbano bonaerense oculto entre distintas cargas transportadas por camiones de gran porte.