La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer un duro documento con el que calificó las declaraciones periodísticas realizadas por el intendente Ezequiel Galli, en torno a la paralización de la obra del Polo Judicial, como “inexactas” y le pidió al Jefe Comunal aclaraciones sobre a quién corresponde la ejecución de la obra.
La carta lleva la firma de su presidente, Eduardo Néstor de Lazzari y fue acompañada por un informe técnico elaborado por la Secretaría de Planificación del órgano judicial y que fue publicado en el sitio oficial de la Suprema Corte bonaerense.
En la nota demanda al intendente Galli que brinde a los olavarrienses “información veraz y adecuada que asegure la estricta comprensión sobre los antecedentes, estado de situación y fundamentalmente sobre quienes tienen la responsabilidad de realizar el proyecto” en respuesta a dichos del intendente en los que ubicaba a la Corte como la encargada de la obra y desligaba responsabilidades al Gobierno de María Eugenia Vidal.
En tanto, el informe técnico da cuenta que la obra del complejo judicial del Departamento Judicial de Azul se tramita bajo el expediente 2402-554/2011 “el prefijo 2402 corresponde al ministerio de Infraestructura” advierte y añade que contiene “el contracto suscripto con el señor ministro de Infraestructura con la empresa contratista Bricons”.
Además da cuenta que “el plazo original de la obra de 720 días, fue iniciado el 5 de junio de 2017”. Detalla que el monto contratado, según el presupuesto de 2016 “fue de $364.804.745.61. El costo total, con redeterminaciones a abril de 2019 alcanza los $740.309.757, de los cuales se encuentra certificado a abril de 2019 el 40,3%”.
Agrega que el monto gastado hasta la actualidad es “en 2017 $76.133.414, 2018 $1186.173.493 , periodo 2019 abril $35.799.019. A la fecha no hay ninguna prestación de pago pendiente. El saldo de obra estimado para el periodo 2019 es de $114.200.980 y para 2020 $328.002.884”.
Luego reitera que la obra como todas las mayores a los 400m2 o que superen los $12 millones “las realiza el Ministerio de Infraestructura de la provincia” y señala que el presupuesto fue avalado por la Legislatura.
Menciona que para 2019 se autorizó una partida de $300.000.00 lo que llevó a la corte a fines de 2018 a alertar sobre “el riesgo de paralización de las obras en ejecución”.