“Asistimos al lamentable espectáculo que nos brindan los poderes del Estado”, así inicia el escrito que fue publicado en los últimos días en la página oficial del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. “Vivimos a diario la más deplorable pérdida de todo sentido de justicia en manos de algunos magistrados y funcionarios visiblemente parciales; de operadores y de servicios de inteligencia; de resoluciones apuradas o demoradas estratégicamente según el interés del poderoso; de una agenda de la Corte Federal y de muchos Superiores Tribunales de Provincia, organizada a medida de los tiempos políticos y económicos pero alejados de los intereses de la ciudadanía, de denuncias altisonantes o de la instauración de mecanismos de impunidad, ante los órganos que deben controlar el funcionamiento del Poder Judicial”, concluye uno de los primeros párrafos.
Cuando se politiza el Poder Judicial o se pretende judicializar la política, la que pierde es la República y con ella toda la ciudadanía que necesita este poder del Estado, como último garante, para la protección de sus derechos.
La denominada causa de los cuadernos y derivaciones colocaron el mundo legal en el centro de la escena, más allá que el escrito no ahonda a situaciones o causas particulares, sino al “al descrédito social que generan”. Es por ello, según explican en ese documento, es que se vieron obligados a dar su opinión al respecto.
El principal estandarte que se enarbola es el de “un poder judicial independiente”, “sin interferencia de los restantes poderes del Estado o de grupos de interés”.
Infoeme dialogó con el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, Gastón Argeri, quien además es consejero titular del Colegio bonaerense, quien expresó que “las instituciones que lideran la abogacía deben involucrarse en los temas que son importantes para las ciudadanas y ciudadanos, simultáneamente en la defensa de la democracia y libertad de los poderes”, expresó.
El documento, si bien da cuenta de gestiones y del trabajo mancomunado en pos de que no se registren estas situaciones, concluye pidiendo se avance de manera coordinada “en la conformación de una verdadera política de Estado” que defina cuestiones estructurales en cuanto a la administración de la justicia.