Los argumentos que pesaron contra Saladino para definir su destitución

Por Redacción

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La destitución de Antonio Saladino del Juzgado de Garantías se resolvió por voto unánime del tribunal que encabezó el presidente de la Corte Eduardo de Lázzari. Previamente tuvieron lugar los alegatos de las partes donde la Fiscalía centralizó sus argumentos en la relación entre Saladino y Marcos Alonso con pruebas que sellaron la suerte del ahora ex juez. En tanto, la Defensa cuestionó la probación y consideró que no estaban demostrados el cohecho ni el accionar de Saladino.

El primero que tomó la palabra fue el Fiscal Acusador Carlos Altuve quien resaltó “los términos que sostuvo la procuradora general contra Antonio Saladino los mantengo totalmente”. Opinó que la estrategia de la defensa tendía a “establecer las características del asesinato del doctor Alonso, y a esta acusación le interesa la valoración que determine si Saladino ha actuado de acuerdo a la Constitución o su buena conducta ha cesado y consecuentemente debe ser destituido por este tribunal”.

Altuve aseguró que “ha quedado plenamente acreditado que Alonso pactó con Saladino el pago de una suma de dinero para cambiar la calificación del hecho y poder obtener de esa manera algún tipo de beneficio de liberación”.

Para describir la relación que unía al penalista asesinado en enero de 2010 y a quien en esos momentos ocupaba el Juzgado de Garantías Número 1, el fiscal recurrió a los dichos de la esposa y el hermano de Marcos Alonso, Fabiana Márquez y Diego Alonso, y del defensor oficial Martín Marcelli.

“Entre ellos había una relación íntima, ya lo acreditó Fabiana Marquez quién hizo saber que habitualmente se juntaban a comer asados y a jugar al fútbol, y más aún, el 1º de enero a la 1 de la mañana concurrieron a saludar a Saladino. Asimismo también su hermano reiteró que sabía de un acuerdo, y también el Dr. Marcelli, defensor oficial de Olavarría que certificó el trato que se dispensaban ambos”, agregó Altuve. Luego sostuvo: “Creemos que Saladino ha incurrido en actos de inconducta manifiesta ya que debía haberse excusado en cualquier causa que participara Marcos Alonso”.

Al mismo tiempo, aclaró que el juez de garantías es el encargado de resolver las diferencias entre las partes, “por lo que no es normal que reciba a una de ellas con la asiduidad con la que recibía a Alonso”.

El fiscal acusador, sostuvo que tanto Alonso como Saladino estaban en conocimiento que los primeros 15 días de enero eran el momento indicado para realizar la entrega de Gallastegui. “Marcelli, también contó cómo Alonso le dijo que iba a presentar al imputado, a lo que el defensor le contestó que la calificación era irreversible”, remarcó Altuve quien consideró que “debería haberlo entregado a Gallastegui presentando pruebas” afirmó, “es una verdadera locura lo que hicieron, además hubo presiones manifiestas de Saladino hacia la Fiscal (Susana) Alonso a quien le sugería el cambio de calificación”.

Altuve concluyó que el marco probatorio “no deja lugar a dudas del acuerdo”. A lo que agregó que lo que cierra la prueba “son dos mails entre Alonso y Saladino, que se encuentran en el peritaje y en los cuáles el juez le hace sugerencias sobre cuestiones técnicas de la apelación a presentar ante la Cámara”.

De esta manera, consideró que el juez “cometió errores groseros para su función, tiene un desapego a las reglas de la ética que llama la atención”. Por último, Altuve solicitó “la destitución de Antonio Saladino”.

La Defensa consideró que no quedó probado el acuerdo económico

En su descargo, el defensor oficial Eduardo Cirille alegó que se hace necesario referirse al fortalecimiento del asesinato de Alonso “porque fue un elemento contundente para revitalizar lo que en ese momento fueron todos comentarios”. Para el defensor, “es bueno que quede claro que la hipótesis Gallastegui, en el juicio oral por la muerte de Alonso, fue desestimada y se llegó a la conclusión de que no hubo relación con la muerte del abogado”.

Cirille afirmó que el abogado Alberto Macchioli, amigo y ex socio de Marcos Alonso, y Diego Alonso han manifestado “una gran animosidad contra Saladino”. En ese marco, puntualizó la solicitud: “Pido la desestimación del caso por cohecho porque no ha sido tratada esa figura en este juicio, ya que las pruebas tiene que ser lógicas y coherentes”.

Además, aseguró que no se ha demostrado “el supuesto enojo de Gallastegui con Alonso porque no le cambiaron la calificación”. Continuó diciendo que “ha quedado plasmado que la gente que iba al despacho de Alonso no era de la mejor, (Isidro) Rodríguez y (Ricardo) Pierce, ambos con antecedentes penales, también Zalazar e Ibañez, quien iba a la casa y después lo mató”.

Más adelante refutó lo que tiene que ver con el dinero que supuestamente se habría pagado a Saladino al referir “No coincide el monto de plata, es poco creíble que en un acuerdo espúreo alguien ponga plata de su bolsillo para pagar y recién la cobre 4 días después, ya que según explica la esposa de Alonso, el 2 de enero le llevaron 20.000 pesos a Saladino y el 6 de enero recién cobraron 60.000 pesos para entregar a Gallastegui”.

Durante su intervención, Cirille afirmó que “el Juez Saladino no cambió la carátula de la causa” y que “el fiscal no tiene entidad probatoria suficiente para garantizar el acuerdo económico”. Más adelante, señaló “Hay ineficacia probatoria para la falta, no entiendo que haya hecho algo indigno, espúreo, no está probado que haya incurrido en faltas en el proceso, de hecho la Cámara (de Apelaciones) confirmó su fallo”.

Cirille, consideró que la falta “tiene que revestir tal gravedad que amerite una decisión de esta naturaleza como es la destitución, Saladino no tenía antecedentes penales y había rendido todas las pruebas para llegar a ese lugar”.

Y avanzó en los cuestionamientos: “¿Haber colaborado mínimamente en la redacción de una apelación es motivo de destitución?”, se preguntó. “Era un juez correcto con el personal, de puertas abiertas y nadie lo tenía como alguien que realizara acuerdos espúreos”, agregó.

Por último, el defensor abogó por la desestimación del cohecho “ya que no está acreditado”, y por la absolución “en el marco del beneficio de la duda, ya que la fiscalía no ha podido acreditar la falta que se le atribuye”.

El fallo

Además de la destitución, el fallo de Tribunal establece la prohibición para ejercer cargos públicos para Saladino.

También denuncia ante el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires la inconducta de Saladino y la de César Sivo en el desarrollo del Jury.