Luego de la detención de cinco efectivos policiales que recientemente declararon ante la Justicia por el caso de Daiana Abregú quien apareció muerta en la comisaría de Laprida el pasado 5 de junio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que la policía de la localidad bonaerense “falseó el libro de guardia”.
En este marco, el organismo, -que se interviene en la causa como particular damnificado- emitió un comunicado en el que cuestionó diferentes secuencias que tuvieron lugar en la comisaría de Laprida en aquel fatídico día.
“De sus testimoniales resultan nuevos elementos importantes para el avance de la causa: reconocieron que es falsa la información de libro de guardias y hubo contradicciones respecto de las inspecciones realizadas en el calabozo”, indicó la Comisión en relación a los dichos de los policías detenidos que fueron indagados por el fiscal Ignacio Calonge que, consideraron, aportaron “nuevos elementos cruciales para el avance de la causa”.
Asimismo, sostuvieron que el hecho de que la defensa de los efectivos policiales involucrados esté en manos de abogados del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es de una “enorme gravedad institucional”.
“Una de las cuestiones más graves es que reconocieron que el libro de guardia de la comisaría, donde se consigna lo que sucedió ese día, describe hechos que no sucedieron. Es decir que se volcó información falsa y se adulteraron los registros. Así lo reconocieron Vanesa Nuñez y Juliana Zelaya, dos de las policías imputadas”, apuntaron.
No obstante, puntualizaron en una declaración de Zelaya aún “más grave” que esta última: “escribió hechos falsos en el libro de guardia por orden de su superiora y segunda jefa al mando, la subcomisaria Karina Couchez”.
Asimismo, las policías relataron que nunca se realizaron las tres inspecciones al calabozo que se habían informado oportunamente. Sin embargo, el oficial Adrián Nuñez, otro de los imputados, insiste con que si se hicieron.
Por otra parte, más allá de los dichos y contradicciones de los implicados, la Comisión por la Memoria cuestionó fuertemente la intervención de abogados del Ministerio de Seguridad Bonaerense en la defensa.
“Esto denota claramente una decisión política que sostiene la actuación corporativa de la fuerza policial. Todas las personas tienen la posibilidad de contar con defensor público gratuito cuando se les imputa un delito, sin embargo, los agentes policiales tienen en este caso una protección mayor al ser asistidos por el mismo Ministerio. Esta situación no se registra en otras áreas del estado: ningún Ministerio paga los abogados de los funcionarios cuando se los investiga por un delito. Sería como si un Ministerio defendiera a un agente que le robó al propio organismo o el Ministerio de salud a un médico demandado por mala praxis”, sentenciaron.
“Esta súper protección a la policía por parte del Ministerio de Seguridad es sin dudas un privilegio para las y los agentes imputados que contraria los principios republicanos de igualdad ante la ley. Por el contrario, el Ministerio de Seguridad debería iniciar investigaciones administrativas para delimitar la responsabilidad de los funcionarios policiales y resulta difícil de pensar que estas actuaciones sean objetivas cuando el propio Ministerio defiende penalmente a las y los policías que son el centro de esta investigación”.
Los cinco policías fueron imputados por el delito de homicidio triplemente agravado por su comisión con alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.