Representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) se acercaron este jueves a la toma de tierras municipales que se está llevando a cabo por un conjunto de familias en el Barrio Lourdes.
Ambos organismos, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pudo constatar que “se trata de personas que, ante la situación de falta de vivienda y recursos para sostener sus alquileres, decidieron tomar un predio municipal del Barrio Lourdes”.
“Si bien son diversas las situaciones que atraviesan, manifiestan que la mayoría ha solicitado ante el municipio soluciones habitacionales, para prevenir situaciones de hacinamiento, en algunos casos desde hace más de 10 años, y aún no hay respuestas con políticas públicas al respecto”, expresaron desde ambos organismos.
“Esta toma se inició por la necesidad genuina de un pequeño grupo de familias atravesadas por la problemática habitacional y de hacinamiento, concentra en el lugar al día de hoy, más de 100 familias en la misma situación. En su mayoría personas jóvenes con hijos/as; familias monoparentales de mujeres madres con hijos/as; mujeres en estado de embarazo; personas migrantes; atravesadas por la situación de pobreza”, agregaron.
También expresaron que “hasta el momento no se abrieron espacios de diálogo para comenzar a abordar la compleja y preocupante problemática de acceso a la vivienda. Sólo fue radicada una denuncia penal por parte del municipio con el objetivo de concretar el desalojo” y remarcaron que “para atender la demanda central, quienes llevan adelante la toma esperan la presencia de funcionarios de los diversos niveles del Estado con pertinencia en la temática a fin de constituir una Mesa de Dialogo con amplia representación institucional”.
Ante tal situación, tanto el INADI y como el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) consideraron “urgente comenzar con un abordaje integral de la situación, articulado desde lo local con las diversas instituciones y niveles del Estado que considere todas las aristas de esta problemática desde un enfoque de Derechos Humanos”.
“Así mismo, y entre tanto la situación sea resuelta, se considera que ante el contexto de aumento de casos que atraviesa el país y la localidad por la pandemia de COVID-19, es imprescindible atender la emergencia con elementos de higiene, baños y asistencia alimentaria, hasta tanto la justicia resuelva la cuestión jurídica”, agregaron.
