Siguen las novedades en el marco del clima cada vez más tenso que se vive en las cárceles bonaerenses, donde se replican y multiplican los reclamos de internos exigiendo el acceso a beneficios y de esa manera evitar que el coronavirus avance sobre las cárceles, debido al hacinamiento y cuestiones de higiene que se denuncian desde diversos sectores.
En los últimos días se ha venido reflejando la situación que se hado, por ejemplo, en las cárceles de Melchor Romero a inicios de semana o en Junín y Florencio Varela este miércoles, donde murió un interno y los incidentes continúan. Estos reclamos también tuvieron su eco en Sierra Chica, más precisamente en la Unidad 27, donde se inició una huelga de hambre.
En este marco en las últimas horas y desde el Poder Judicial se produjo otra importante novedad, que da también sustento a las protestas. Ahora fue la Cámara de Casación Penal Bonaerense la que ordenó a los jueces que se dispongan de manera inmediata los arrestos domiciliarios para los presos de la provincia de Buenos Aires que configuran grupo de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus y que están detenidos por haber cometido delitos leves.
La decisión se tomó ante las denuncias de que no se estaba cumpliendo un fallo que Casación dictó el 8 de abril en la que se ordenó que, mientras dure la pandemia, se otorgue el arresto domiciliario a presos por delitos leves que son grupo de riesgo y que se analice la situación de otros internos.“Haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza y que deberán comunicar las mismas a las víctimas”, sostuvo el magistrado de Casación Ricardo Borisnky en el fallo.
Asimismo, en las últimas horas, los 19 defensores generales de la provincia le pidieron al gobernador la conmutación de penas para dos grupos de internos: quienes tengan condenas firmes que se vencen en el transcurso del año y quienes con condena firme tengan penas que no superen los años de prisión y que durante el 2020 cumplieron o lo hagan con el requisito de acceder a la libertad condicional. El 8 de abril pasado la Cámara de Casación había hecho lugar a un pedido de los defensores generales y ordenado el arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Pero también que sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctimas.
También les había encomendado a los jueces que de oficio analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena. Y que hagan lo mismo si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel. Los presos en situación de riesgo ante el coronavirus -que son mujeres embarazadas y con niñas/os, personas mayores de 60 años y con enfermedades graves como las oncológicas, pulmonares, tuberculosis, diabetes y HIV- son 2.300, según un primer listado que aportó el Ministerio de Justicia de la provincia al portal Infobae.
