Tras la ola de protestas de internos que alcanzaron la mayoría de las unidades carcelarias bonaerenses, en la jornada de este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonarense, Julio Alak, formalizó la creación de las anunciadas mesas de diálogo, que comenzarán a funcionar desde el próximo mes de febrero.
"En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva con la función de aliviar la superpoblación penitenciaria, que es la más alta en la historia de la Argentina". El funcionario destacó que "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna Provincia que tenga una superpoblación del 110%", enfatizó el ministro en el marco de la reunión de la denomina Mesa Interinstitucional convocada para discutir la crisis carcelaria. Vale recordar que internos de toda la provincia reclamaron por las pésimas condiciones de detenciones, pidiendo como paliativo que se estudie la posibilidad de otorgar beneficios y morigeraciones, entre otra serie de medidas.
El saldo del encuentro fue nada más y nada menos que la oficialización de las prometidas “mesas de diálogo”, que comenzarán a funcionar a partir del 5 de febrero en los Centros Penitenciarios Bonaerenses. Según se añadió, el 6 de febrero se realizará una reunión de equipos técnicos para generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal.
La denominada Mesa Interinstitucional había sido creada días atrás por orden del gobernador Axel Kicillof, y de la cual en la jornada de este miércoles tomaron parte, entre otras personas, Paula Litvachky, integrante del CELS, quien destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos, que hay hoy en las comisarías de la Provincia".
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, aseguró que "estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad".
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la Senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; y entre otros.