La decisión del gobierno nacional de cederle a la Gendarmería edificios del Complejo Turístico de Chapadmalal donde funcionaba el programa “Jóvenes y Memoria”, entre otras actividades, despertó el repudio de diferentes organizaciones.
Días atrás se conoció que el Gobierno nacional cedió, a través del decreto 392/2019, un sector del Complejo Turístico de Chapadmalal al Ministerio de Seguridad y a la Gendarmería. Ante esta situación, la Comisión Nacional Monumentos, Lugares y Bienes Históricos pidió al gobierno frenar la medida por violar la ley 12.665
En ese marco, Infoeme dialogó con Gabriela Vigneau, profesora de Historia que trabajó con sus estudiantes para “Jóvenes y Memoria”, el proyecto que nació en el 2002 de la Comisión Provincial por la Memoria con la intención de “educar a los jóvenes en la ciudadanía, el respeto por los derechos humanos y la democracia”.
Respecto al lugar que ocupa Chapadmalal en este programa señaló que “para quienes trabajamos en ‘Jóvenes y Memoria’ el complejo turístico se utiliza como cierre de programa. Los estudiantes trabajan e investigan a lo largo de todo el año, tienen una instancia regional y los proyectos que logran un producto final se muestran en Chapadmalal entre los meses de octubre y noviembre”.
El Complejo, construido entre 1946 y 1948 por el Gobierno de Juan Domingo Perón, cuenta con 9 hoteles y 16 casas, las cuales funcionaron en su momento bajo la órbita de la Fundación Eva Perón.
Vigneau hizo referencia a la sorpresa que le generó que el 20 de septiembre fuera publicada en el Boletín Oficial la resolución 392/2019 en que la Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió los Hoteles 7 y 8 de ese predio a Gendarmería para la instalación del Centro de Formación de Gendarmes Chapadmalal.
No esperábamos que los edificios que fueron pensados bajo la noción de derechos sociales para turismo social pasaran a la cartera del ministerio de Seguridad de esa manera tan abrupta y por decreto, afirmó.
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Para la docente, esta decisión del gobierno nacional “tiene una carga simbólica impresionante”. Indicó que “habla de la idea de país y de las políticas educativas que se desarrollan, de las políticas en relación a juventudes”.
Y se preguntó: “Qué es lo que se espera de los jóvenes en Argentina, qué oportunidades se les da si en lo único que se piensa es en la seguridad y formarlos para ser adeptos a un Estado represor o lo que buscamos es una sociedad consciente de sus derechos”.
La reacción ante el decreto no se hizo esperar: organizaciones de derechos humanos, gremios y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos instó al Poder Ejecutivo a frenar esa medida por “omitir” los procedimientos establecidos por ley nacional 12.665 que custodia esos edificios.
La docente explicó que “este decreto es insolvente porque contradice la ley solicitada por la Comisión de Monumentos Históricos en la cual además de darse a entender que la finalidad es el turismo social, no puede hacerse uso de esos edificios con cualquier fin”.
“El decreto es ilegal, de manera contraria se va a tener que recurrir a la justicia para que ese decreto se derogue”, aseguró y agregó: “es grave desde lo legal, desde lo constitucional porque los gendarmes ya están ahí desde el mes de mayo”.
Por otra parte, también señaló el estado actual de los edificios: “están deteriorados, creo que esa fue la excusa que utilizó el Estado nacional. Dijeron que son edificios que están abandonados. Palabra que nos dolió mucho porque para quienes hemos participado de Jóvenes y Memoria es el lugar de los jóvenes, es la voz de los jóvenes, es la posibilidad que tienen muchos de conocer el mar”.
