El gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, brindó alarmantes datos sobre la situación del empleo en Argentina. Tan sólo en 2019, más de 30 empresas pidieron entrar en Procedimiento Preventivo de Crisis, que habilita a dueños de empresas a reestructurar métodos de trabajo, flexibilizar, suspender a trabajadores o pagar el salario en cuotas. Incluso, pagar menos de la totalidad de la indemnización por despidos, en lo que se trata del cierre del emprendimiento.
Específicamente es “una etapa previa a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”. Es decir que debe iniciarse antes de disponer “suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo” se explicó.
Todo esto surge tras el visto bueno de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación a Fate para que despida a 450 empleados de San Fernando. Los gremios catalogaron como “fraudulento” dicha movida, que se suma a la de Coca Cola, Femnsa y Avianca. De allí se desprendió el dato oficial de la oficina de Marcos Peña, de una treintena de empresas que manifestaron dificultades durante el presente año.
Si nos trasladamos al año 2018, 146 empresas solicitaron dicho Preventivo de Crisis: 107 todavía están en trámite, 25 terminaron con acuerdo y 14 fracasaron en la negociación, según el informe de la Jefatura de Gabinete. Se trató de la mayor cantidad de solicitudes desde 2001, que tuvo 379 pedidos.
En 2017, la cifra fue notablemente menor: solo 66 empresas.