Una reciente resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) obligará a las cooperativas eléctricas a eliminar cargos ajenos de las facturas – el tiempo de adecuación es de treinta días- y esa situación despertó preocupación en las entidades que buscarán revertir la medida para los denominados servicios sociales.
En Olavarría se verían afectados los cobros de los servicios de velatorio e inhumación, Corpi y Bomberos, indicó el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu a Infoeme, quien aclaró que “ son todos conceptos voluntarios, con consentimiento explícito de los socios”.
El directivo de la Cooperativa recordó que existían “conversaciones desde el sector cooperativo con la Provincia porque creíamos que iban a salir desde ahí pero sorpresivamente sale esta resolución del INAES, un organismo nacional que prohíbe a las cooperativas que distribuyen energía incluir en las facturas conceptos ajenos” dijo.
Sobre las acciones a seguir, Aramburu explicó: “Estamos analizando el tema a nivel federativo para ver los caminos a seguir. Vamos a pedir a las autoridades que esto se tome en cuenta e intentar que en estos 30 días que el sistema se servicios sociales siga funcionando como hasta ahora” sostuvo.
Reconoció que en caso de no prosperar la solicitud “hay que emitirlo con un troquel, por separado o de otra manera que se busque pero no podría ir en la factura”.
“Eso implica otros costos de facturación y distribución, cambios en los sistemas informáticos y una probable baja en la recaudación con lo cual en el caso de los servicios sociales pueden producir un conflicto en un tema que hasta ahora funcionaba bien, con 70 mil adheridos en Olavarría” afirmó el representante de Coopelectric.
Es un sistema que tenemos que defender, porque ha funcionado bien y es voluntario.
Finalmente reiteró los beneficios del sistema vigente: "Casi la mitad de nuestros socios tienen este sistema porque funciona – en referencia a los servicios de sepelio e inhumación- y no solo está cubierto el titular sino todo el grupo familiar. Tenemos preocupación por la afectación a los servicios sociales. Es un sistema que viene funcionando hace 30 años” concluyó.