Este miércoles se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría con un temario que incluyó catorce proyectos sobre tablas y otros cuatro despachados por comisión.
La reunión comenzó con una serie de homenajes. Julio Frías (Opv), Juan Sánchez (PJ), Saúl Bajamón (FpV Miles) y Ernesto Cladera se refirieron a la figura del ex vicegobernador de la provincia Alberto Balestrini y se realizó un minuto de silencio.
La edil de Renovación Peronista, Marisel Cides, recordó a Natalia Bustos, la mujer que fue asesinada semanas atrás y cuyo cuerpo fue hallado dentro de un pozo ciego en una vivienda abandonada: “Pedimos un pronto esclarecimiento y que no sea una muerte más sin resolver. El Concejo Deliberante está de luto” afirmó.
Luego se aprobó un proyecto de resolución para pedir el incremento de los patrullajes en la zona del barrio Eucaliptus. Sobre la temática, el concejal de Cambiemos, José Luis Arguiñena indicó que se colocó un domo en el sector pero concejales del eseverrismo insistieron con el pedido y finalmente se aprobó por unanimidad.
El bloque UNA - a través del concejal Marcelo Latorre- solicitó el cumplimiento de una ordenanza municipal para mantener y desmalezar los terrenos baldíos en la ciudad y las localidades.
Además presentó un pedido de informes sobre las condiciones estructurales del puente de la avenida Sarmiento para el tránsito vehicular. Indicó que existen “problemas serios de vibración” y dijo que el cauce del arroyo Tapalqué “ha empezado a socavar”. Calificó de “un peligro” la situación y pidió que se efectúen “nuevas mediciones” en el sector.
Saúl Bajamón (FpV- Miles) solicitó un pedido de informe sobre la cobertura de medicamentos en el Hospital de Oncología. “Hay denuncias de atrasos en las entregas de adentro y fuera del Hospital. Son públicas y es una situación delicada” manifestó.
Uno de los temas centrales de la sesión fue la problemática de las tarifas de gas, luz y agua. Por un lado, se sancionó un proyecto de comunicación solicitando a la Corte Suprema que verifique los pedidos expresados por el máximo organismo judicial referidos a la gradualidad de las subas y su debida publicación con antelación.
Por otro, un proyecto de ordenanza que buscaba prohibir la quita de medidores de gas, luz y agua fue reformulado con el correr del debate por su imposibilidad de aplicación y derivó en facultar al Ejecutivo para que el Municipio articule con las empresas y evite abusos en la quita de medidores.
El concejal Saúl Bajamón describió la situación como “muy angustiante” y comentó que en los últimos meses recibió a más de 250 personas con facturas de gas de hasta 2700 pesos.
“Las tarifas de gas van a ser confiscatorias de los ingresos de las personas. Hay personas que no ingresaron a la tarifa social por diferentes razones y les dicen que en julio van a pagar entre 5 mil y 7 mil pesos” dijo.
Fernanda Araneo, de GEN, pidió reformular un articulado de la ordenanza con el fin de solicitar a las autoridades municipales que se eviten “los abusos en el retiro de medidores de luz, agua y gas”.
Desde UNA, Emilio Vitale, se refirió también a la recategorización de Olavarría para las tarifas de gas bajo el mismo encuadre de zona fría que Bahía Blanca.
“El intendente tristemente anunció una resolución que no existía” sostuvo y calificó al encuadre como inadecuado dado que “el promedio de temperaturas de los últimos diez años ubican a Olavarría entre las diez ciudades más frías del país” expresó y remató: “Aranguren debería venir a sentir el frío y ver los salarios promedios de los vecinos de Olavarría” sostuvo.
Einar Iguerategui recordó las acciones realizadas con anterioridad por el HCD y la diputada Liliana Schwindt y calificó de “desmemoriado” al intendente Ezequiel Galli.
Desde Cambiemos, Alejandro Gregorini, indicó que la situación en torno a los servicios se debe a las políticas erráticas de los últimos años que llevaron “a perder las reservas. Hoy estamos importando gas y petróleo y hay que volver a recuperar las políticas energéticas que nos hicieron independientes” dijo.
Finalmente una propuesta de Einar Iguerategui de modificar la redacción de la ordenanza y agregar la palabra “facultar” al Ejecutivo para que se eviten “los abusos en el retiro de medidores de luz, agua y gas” posibilitó que se mantenga la figura de ordenanza y no derive en una comunicación o resolución.
Otro de los temas polémicos de la sesión surgió a partir de un pedido de informes presentado por el eseverrismo sobre la contratación por parte del Municipio del sistema de base de datos “Veraz” con la presunta finalidad de monitorear a “contribuyentes morosos”.
Margarita Arregui, denunció que la contratación “impedirá a muchos vecinos, productores y comerciantes acceder a créditos” En igual sentido, su par de bancada, Einar Iguerategui, cuestionó la búsqueda de Información “sobre el enriquecimiento de los contribuyentes. ¿Para qué quiere el Municipio contratar al Veraz y pedir información de enriquecimiento?. Y en todo caso ¿no hay una subsecretaria de modernización? ¿Por qué se tuvo que contratar al veraz? se preguntó.
Desde Cambiemos, el concejal Martín Lastape, contestó que el sistema contratado sólo busca actualizar la base de datos existente desde el año 1998 a la que calificó de “obsoleta” y aseguró que solo tiene como finalidad “obtener datos personales y no los datos sobre los que se debe”.
Sin embargo, el eseverrismo insistió con el pedido dado que si el objetivo “es actualizar la base de todos se requeriría la información de todos los contribuyentes y no solo de los diez mil que se mencionan” explicaron. El pedido fue sancionado por unanimidad.
Entre otros puntos de la sesión hubo un repudio a la represión a los docentes ocurrida el último domingo en la ciudad de Buenos Aires cuando intentaban instalar una carpa itinerante que derivó en un debate sobre la situación actual del sistema educativo.