La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un informe en que detalló que “las obras sociales atraviesan una grave crisis que para muchas es casi “terminal” por la imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos. Incluso algunas han sido dadas de baja, otras intervenidas y muchas se declararon en situación de crisis”.
El sistema actual de seguridad social explicó la CGT, financia la atención médica con un porcentaje del salario que ronda el 9% y que presenta una pérdida del poder adquisitivo cercano al 30%. En conjunto con el incremento propio de los servicios sociales que superan los costos de vida, limitan cada vez más la posibilidad de cobertura.
Explicaron que la recaudación actual del sistema está fijada en $67.525 por beneficiario, siendo 9 millones de afiliados los que se encuentran por debajo de este promedio. Las estimaciones, realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en obras sociales de la CGT, establecen que el valor del PMO (plan médico obligatorio) para el mes de marzo rondaría los $85.000, un 25% más que la recaudación promedio del sistema. Esto implica que más de 11 millones de beneficiarios (un 78,5% del padrón) no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO.
En este sentido, la confederación argumentó que los sindicatos son quienes auxilian a las obras sociales para garantizar la continuidad de la prestación de servicios, y que sin este auxilio muchas entrarían en cesación de pagos. “La consecuencia es un resentimiento en la cadena de pagos a prestadores que se refleja en la caída en la calidad de la atención médica, tiempos prolongados de espera y malestar en los afiliados”, indicaron.
Otro dato que aporta el informe es la reducción en la capacidad de acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual de los afiliados. Desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2023 se redujo a la mitad la capacidad de compra, situación que se mantiene hasta la actualidad, según la información detallada por la CGT.
En palabras de la central sindical, la situación de los monotributistas generó un “agujero financiero” en las obras sociales. De esta manera, el informe detalla que el aporte de estos al sistema es un 290% inferior al costo del PMO ya que abonan un canon de aproximadamente $20.000. A esto se suma la situación de los jubilados que permanecen en obras sociales sindicales, por los cuales el PAMI transfiere unos $48.269 per cápita, muy por debajo de su recaudación real.
El documento también apuntó contra el sistema de facturación de hospitales públicos, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde según la central se aplican valores superiores a los del sector privado y sin mecanismos adecuados de autorización o auditoría, lo que deriva en conflictos y judicialización de pagos.
Por último, la CGT cuestionó la distribución de subsidios por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, al considerar que se realiza de manera inequitativa. Señala que programas como el SUMA otorgan montos uniformes sin discriminar entre entidades con distintos niveles de ingresos, lo que limita su efectividad para compensar las asimetrías del sistema.
En este contexto, la central sindical advirtió que, sin cambios estructurales en el financiamiento y la distribución de recursos, el sistema de obras sociales podría enfrentar un deterioro aún mayor en el corto plazo.