Más de 150 intendentes de distintas provincias se presentaron ante el Ministerio de Economía para reclamarle al titular de la cartera, Luis Caputo que baje el precio de la nafta, reactive la obra pública y frene el recorte de fondos, en un planteo conjunto que expone el impacto de la política económica en los territorios.
El documento, impulsado por el ministro bonaerense Gabriel Katopodis junto a su par de Gobierno, Carlos Bianco y el titular de la FAM, Fernando Espinoza, sintetiza tres ejes centrales que atraviesan a los municipios: el costo de los combustibles, la paralización de la obra pública y la caída de los recursos nacionales.
Nafta: subas por encima de la inflación y los salarios
El primer punto del reclamo apunta al precio de los combustibles, que acumuló un aumento del 542,7% desde la llegada de Javier Milei, con una suba real del 63,95%. Solo en 2026, los valores treparon un 24%, más del doble que la inflación y muy por encima de los salarios.
Los intendentes advierten que este incremento impacta de forma directa en las economías locales: encarece el transporte, la logística, la producción y termina trasladándose a alimentos y servicios, con mayor fuerza en el interior del país.
Obra pública: fondos recaudados y ejecución frenada
El segundo eje se centra en la paralización de la obra pública y el uso de los recursos específicos. Según los datos presentados, el Gobierno nacional acumuló $6,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS que, por ley, deben destinarse a infraestructura en las rutas.
La normativa vigente establece que el 28,58% de lo recaudado debe ir al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y, dentro de ese esquema, el 50% al sistema vial nacional.
Sin embargo, los intendentes denuncian que esos fondos no se están ejecutando, en un contexto de deterioro de rutas y obras paralizadas en todo el país.
Fondos y coparticipación: presión sobre los municipios
El tercer punto del reclamo apunta al recorte de transferencias nacionales y la caída de la coparticipación, que ronda el 24% promedio, según estimaciones de los jefes comunales.
Esa merma, combinada con el aumento de costos, genera una fuerte presión sobre las finanzas municipales, limita la capacidad de respuesta en servicios básicos y agrava la situación social en los distritos.
El planteo conjunto busca instalar que no se trata de demandas aisladas, sino de un esquema económico que —según los intendentes— impacta de manera simultánea en los precios, la inversión pública y los recursos locales, configurando un escenario crítico en todo el país.
La jornada contó con el acompañamiento presencial de 120 intendentes e intendentas de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego. También, otros jefes comunales que no pudieron asistir se sumaron con su adhesión, acompañando esta iniciativa a la distancia.