La fiscalía solicitó condenar a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich a penas de tres años prisión y de 8 meses, respectivamente, en ambos casos de cumplimiento condicional, por su presunta responsabilidad en las irregularidades e incumplimientos de contratos en el programa televisivo “Fútbol para Todos”, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado nacional entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.
El fiscal Miguel Ángel Osorio consideró a Fernández autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de violación de los deberes de funcionario público, y pidió para él inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Capitanich, le atribuyó el delito de violación de los deberes de funcionario público y pidió una inhabilitación especial por el doble del tiempo al solicitado.
De acuerdo con el sitio Fiscales, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron la pena de dos años de prisión de ejecución condicional como autor por administración fraudulenta para el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; un año de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipes necesarios por el mismo delito, a Carlos Pandolfi –presidió la Fundación “El Futbolista” y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)- y a Norberto Monteleone -exgerente de FAA e integrante de la misma fundación mencionada-; y dos años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipe necesario a Natale Rigano, expresidente de la empresa de camiones Iveco, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A su vez, solicitaron la absolución Juan Gabriel Mariotto (excoordinador del programa), Miguel Ángel Silva (exsecretario general de AFA), Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero de AFA), Raúl Pagano (exgerente financiero de FAA), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general de FAA), Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola (los tres, directivos de diversas entidades crediticias).
Aníbal Fernández y Jorge Capitanich
Tanto a Fernández como a Capitanich se les imputó la omisión de control o cuidado sobre el destino de los fondos pagados a AFA. En este punto, el fiscal Osorio sostuvo que uno de los objetivos establecidos en el contrato asociativo suscripto entre jefatura de Gabinete y la AFA fue el fortalecimiento de los clubes afiliados a esa institución, con alternativas que permitieran mejorar sus ingresos, señalado como imprescindible.
“Vamos a ver cómo la falta de controles sobre el cumplimiento de este fin permitió que (el fallecido Julio) Grondona, y luego Segura, desviaran los fondos que le pagaba Jefatura de Gabinete a la AFA en el marco del programa Fútbol para Todos, en perjuicio de los clubes”, dijo Osorio.
Otra circunstancia probada en el juicio, según relató el fiscal en su alegato, es que no hubo dentro del programa una organización administrativa y de control que permitiera monitorear cómo se implementaba por parte de AFA ese fortalecimiento y saneamiento de los clubes.
A su turno, la fiscal Andrea Garmendia Orueta se centró en seis contratos de “sponsoreo” que fueron suscriptos entre la Jefatura de Gabinete de ministros, la AFA y la firma de camiones Iveco desde febrero de 2010 hasta diciembre del 2015, indicando que la misma fue seleccionada de un modo irregular, “beneficiándose presuntamente de forma ilícita”. Garmendia Orueta indicó que, a lo largo de esos años, Iveco pagó un precio 75,76% menor que el valor que debería haber abonado de haber contratado la publicidad con la menor tarifa fijada por el programa para la tanda publicitaria. (DIB)