La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió el pasado 5 de junio que el presidente Javier Milei no “infringió” la Ley de Ética Pública por la “difusión” de la memecoin Libra.
Según detalla el artículo 1, Milei “no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei”.
El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la OA utiliza la palabra “difusión”, y no “promoción”, para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.
La causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa en la Justicia Federal.
El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de los hermanos Milei y otros tres investigados en la causa $LIBRA: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.
Adiós a la UTI
Hace dos semanas, por medio del Decreto 332/2025, el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero pasado para reunir información sobre el criptoactivo $LIBRA. Según el texto oficial, el organismo cumplió con la función para la que fue concebido.
La UTI había sido establecida el 19 de febrero mediante el Decreto 114/25, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de colaborar de manera ágil con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en torno a las denuncias vinculadas al activo digital $LIBRA, una memecoin que había sido promovida públicamente por el propio mandatario.